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Pica y se extiende la corrupción en las alcaldías del país

La sombra de la corrupción se extiende por el país a través de señalamientos que ponen en duda la integridad en la gestión de lo público de algunos alcaldes.Quizá el caso más sonado en los últimos meses haya sido el de José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez, por la sospecha que pesa sobre el municipio por un caso de malversación de fondos federales y omisión en el cumplimiento de su deber.

El caso de Mayagüez, en donde desaparecieron 9 millones de dólares que estaban destinados en origen para el Centro de Trauma regional, está ahora en manos del Fiscal Especial Independiente (FEI), en concreto de los fiscales Miguel A. Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz. Pero el de la Sultana del Oeste no es el único ejemplo de malas prácticas al frente de la poltrona municipal. En los últimos días el caso del ya ex-alcalde de Cataño, ha sido noticia en todos los medios y rotativos del país.

Félix Delgado Montalvo, alias “El Cano”, se declaró culpable por los cargos de conspiración, soborno y cobro de comisiones ilegales. El político estadista llegó a un acuerdo inculpatorio con la fiscalía federal y renunció a su posición incluso antes de ser llamado frente al tribunal. Delgado Montalvo, quien llegó a la política de la mano de Milagros ‘Tata’ Charbonier y quien ya había sido señalado en el pasado por malas prácticas en el ayuntamiento, recibió regalos y donativos a cambio de otorgar contratos con el municipio a dos contratistas.

Otros alcaldes señalados por mala praxis

Además de Mayagüez y Cataño, municipios como Guayama y Santa Isabel tienen a sus mandatarios o ex-mandatarios señalados por la justicia. En Guayama Eduardo Cintrón, alcalde, y Lilliam Rodríguez, directora de Finanzas, están bajo investigación del FEI por un presunto delito de corrupción relacionado con el contrato entre el municipio y la empresa de recogido de basura.
El caso investiga si en la otorgación del contrato hubo violación a la Ley de Municipios Autónomos, debido a que la información en posesión del órgano judicial indica que el contrato a Ia firma Mr. Waste Inc., no fue aprobado por la Legislatura Municipal de Guayama y se efectuó sin subasta.

En Santa Isabel, el exalcalde Enrique Questell fue referido también al FEI, en este caso por nombrar a una empleada municipal al margen del reglamento oficial. Carmen Rivera Torres fue asignada como directora de Finanzas sin cumplir los requisitos legales, y según el FEI el alcalde obstaculizó todo intento de fiscalización por parte de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Callan los partidos ante escándalos políticos

En todos los casos, tanto en Mayagüez como en Cataño, Guayama o Santa Isabel, el silencio de los partidos y franquicias electorales afectadas ha sido constante. Ni el Partido Nuevo Progresista (PNP) ni el Partido Popular Democrático (PPD) han condenado la mala praxis de sus miembros, ni han exigido que renuncien a sus puestos en el caso de que el señalamiento los haya tomado en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, desde los llamados partidos de minoría las críticas no se han hecho esperar. Para el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, este nuevo caso no puede dar paso “al cinismo ni a la complacencia de que la función pública o electoral conlleva el aceptar conductas irregulares, antiéticas o ilegales”. En una columna en Primera Hora, el líder independentista y ex-candidato a la gobernación expresó su malestar con este nuevo caso, que se suma a la larga lista de funcionarios que en las últimas décadas han sido acusados y en algunos casos convictos por mal uso de fondos públicos o prácticas fuera de la ley.

“La lista de legisladores, alcaldes, jefes de agencia e, incluso, gobernadores que han fallado a la fe pública es larga. El peligro de esta conducta repetida de funcionarios de alto nivel es que crea la imagen de que es una forma normal de actuar en asuntos de gobierno”, escribió Dalmau.

El ex-senador manifestó su miedo a que este caso sea considerado “otro más”, y que se normalice finalmente el mantra de que “todos son iguales” y que “todos roban”. Frente a esa mala imagen de la práctica política y el servicio público, Dalmau hizo un llamado a dar “los pasos necesarios para limpiar la casa”, porque si no, advirtió, “continuará el dinero del pueblo a merced de piratas al abordaje y la falta de confianza en la función pública. Es inaceptable”.

Para evitar estos casos en el futuro, el PIP y su presidente proponen tres medidas para atajar la relación entre candidatos políticos y empresarios: limitar el inversionismo político y el periodo de campaña a dos meses antes de las elecciones; dar independencia y recursos a las entidades fiscalizadoras y eliminar el elemento partidista en los nombramientos; que el peso de la ley caiga sobre funcionarios públicos corruptos, pero además sobre contratistas privados. Sobre este caso también se expresó el ex-candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, quien dijo que “Pedro Pierluisi es el comandante el jefe” de estos casos de corrupción en el PNP.

“No hay cabida para que estos corruptos a través de empresas privadas saqueen al país”, compartió Molina a través de un mensaje transmitido en sus redes sociales. El también ingeniero agrónomo y activista ambiental anunció que estaría compartiendo una lista de políticos que han sido parte de esquemas de donativos de empresas que han recibido contratos públicos. “Luego que tienen los contratos hacen grandes aportaciones. Cada político que recibió dinero, vamos a publicar la lista. El pueblo le debe exigir a estos políticos que devuelvan el dinero, no porque sea ilegal, sino porque es dinero que no está en las universidades, en la salud, en las escuela”, dijo.

Molina argumentó que “ustedes (los políticos) provocan que la corrupción continúe destruyendo el país, que aumente la gente que se va del país, ustedes son los responsables”, y denunció que rojos y azules critican los casos de corrupción del partido contrario, pero no del propio.

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