martes, octubre 4, 2022
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Líderes magisteriales se expresan ante la dejadez del Departamento de Educación

Por: Messier Z. Torres Feliciano

En el 2014 el gobierno de Puerto Rico y su entonces secretario de Educación, Rafael Román, anunciaron el cierre de unas 100 escuelas alrededor de Puerto Rico. Luego con el cambio del gobierno, la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher, cerró unas 447 escuelas o más. Una reciente auditoría realizada por la oficina del contralor en la región de Arecibo deja al descubierto algunas deficiencias en el proceso de cierre de escuelas.

Entre algunos de los hallazgos que se encuentran; pagos innecesarios por servicios de agua yelectricidad, falta de evidencia del manejo de cuentas bancarias y falta de protección de la propiedad pública y de documentos. Por otro lado, tanto la Federación de Maestros como la Asociación de Maestros de Puerto Rico, se expresaron decepcionados por el manejo del cierre de las escuelas y sobre los hallazgos en el mencionado informe.

“Primero hay que reseñar que la Federación de Maestros de Puerto Rico se opuso al cierre masivo de escuelas públicas en el país, totalmente injustificado y las consecuencias de esos cierres las estamos sufriendo al día de hoy, entre ellas, escuelas que se cerraron pero que no tuvieron ningún protocolo, ningún proceso de traspaso de uso y se han convertido, en su gran mayoría, en estorbos públicos”, expresó Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico.

En un principio, desde el primer cierre masivo de escuelas bajo la administración de Rafael Román, el mismo significó una reducción de 25 millones al Departamento. Actualmente, con otros cierres de escuelas, unas 447 bajo la administración de Julia Keleher, sólo en la región de Arecibo podemos encontrar que esas metas no han sido del todo logradas. El informe indica que la gran mayoría de las escuelas verificadas por la oficina del contralor, se tardaron desde meses hasta un año en cancelar los servicios agua y electricidad de las escuelas abandonadas. Las mismas tuvieron un costo, solo para la región de Arecibo, de 120,065 dólares de 2017 a 2019. Por otra parte, otras dos escuelas no habían pagado la factura por casi dos años, 731 días luego de su cierre lo cual entre ambas costaron un total de 1,384 dólares.

“Sobre ese asunto, las deficiencias en este proceso que vimos en esa auditoría, demuestran lo que nosotros siempre mencionamos y es que no se lograron los ahorros económicos sustanciales por los cuales cerraron las escuelas en esos años que transcurrieron o que se cumplió con el informe de auditoria” expresó también Victor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico.

Por otra parte, las facturas de agua demuestran el mismo patrón hasta 118 y 723 días luego de su cierre fueron canceladas las cuentas de agua potable en los centros escolares investigados en la región de Arecibo. Dos años de paga de agua potable para escuelas abandonadas tuvo un costo de 297,146 dólares. En total, solo en paga de agua y electricidad de las escuelas investigadas por la oficina del contralor, tenemos un total de 418,595 dólares.

“Cerraron las escuelas, pero en muchas de estas escuelas uno pasaba por la noche y tenían las luces prendidas. Pueden que tengan problemas de tuberia rota, puede que gente de la comunidad la utilice, por tanto al no tener ningún plan establecido más allá de cerrarlas y permitir que se convierten en estorbos públicos, pues vemos el resultado en ese estudio de la oficina del contralor de una sola región. Aquí se cerraron 500 y pico de escuelas” Comentó Martínez, a quien le preocupa cuanto sería el costo total del gobierno por todas las escuelas que fueron cerradas a nivel isla.

Almacenes inseguros
Otro de los problemas es la falta de recogida de equipo. Muchas de estas escuelas se encontraban con libros, computadoras, artículos de oficina, pupitres entre otras cosas. Incluso muchas de estas escuelas fueron utilizadas como almacén y hasta expedientes de estudiantes y documentos de empleados en mal estado fueron encontrados en las escuelas públicas cerradas.

“Lo que pasa es que si utilizan escuelas públicas como almacén y no tienen personal custodio, no tiene mantenimiento la facilidad escolar, pues… ¿Quién administra el almacén? ¿Quién le da mantenimiento a la escuela? ¿Quién es custodio de lo que allí se archiva?» , expresó Martinez.

Y es que en el informe se narra también la historia de una escuela que está en manos de un arrendador, quien desde que adquirió la escuela ha mantenido documentos confidenciales como expedientes de estudiantes y documentos de empleados y otros materiales escolares en uno de los salones de su propiedad, pues se ha intentado comunicar con el Departamento de Educación y no ha existido respuesta.

“Primeramente eso debe preocuparnos a todos, porque en esos expedientes se guarda información confidencial que pueden llegar hasta un robo de identidad, tanto de los compañeros, estudiantes, y de todo aquel personal del que guardaban información en esos expedientes que no estaban en un lugar seguro, nos dice el informe que hasta húmedos”, expresó Bonilla.

¿Existe una solución?
“Es la negligencia crasa de un gobierno que primero tuvo unos cierres que no tienen una razón de ser, que no hubo un plan concertado de cierre e inmediatamente un plan concertado de que iba a ocurrir con cada uno de esos planteles los dejaron a su suerte” dijo la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez.

Tanto Martínez como Bonilla expresaron su descontento ante esta situación y denunciaron el mal manejo administrativo en el Departamento de Educación. Estos casos incluso podrían redundar en la pérdida de fondos, según nos explicaba Bonilla y es que esos fondos, lal trabajar con estos asuntos, se sabe que pudo utilizarse para el estudiantado. Por su parte, la Asociación de Maestros ahora está pidiendo un plan de acción correctiva de parte del Departamento de Educación y el secretario de Educación

“Ese es nuestro llamado, a que el secretario de Educación y su equipo de trabajo revisen los procesos administrativos en los que se están fallando para que hagan los ajustes necesarios, especialmente para evitar la pérdida de fondos que son tan importantes y necesarios para nuestro sistema.”

Entre algunas de las posibles soluciones que plantearon ambos gremios se encuentran las de permitir a los municipios y comunidades que hagan de estas escuelas centros artísticos u oficinas de servicio a la comunidad, incluso que el gobierno podría utilizarlas como oficinas de servicio, en vez de pagar renta en edificios privados.

Entre otras cosas que se encuentran en el informe, se encuentra la falta de cancelación de cuentas bancarias de algunas escuelas y la falta de documentos en cuanto a la transportación escolar. Este medio intentó comunicarse con la Región Educativa de Arecibo, pero no estuvieron disponibles para contestar nuestras preguntas.

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