Cándida Torres es una vecina de Camuy que lleva residiendo en la misma casa desde hace 30 años. La propiedad, ubicada en un terreno heredado de su difunto marido, está ahora en condiciones precarias fruto de los daños sufridos en los huracanes de 2017.
A pesar de que Torres se ha comunicado para solicitar ayuda para la reparación, desde el Departamento de la Vivienda (DV) le han expresado en diversas ocasiones que la casa no puede ser reparada.
La agencia pública le ofrece a Cándida $160,000 para que pueda encontrar una nueva vivienda y abandonar el hogar.
Sin embargo, la camuyana se niega a esta solución, y exige que atiendan su caso para no tener que abandonar su propiedad en el barrio Zanjas. Torres, quien a los 16 años marchó de Puerto Rico para radicarse en Boston, defiende su propiedad por encima de cualquier valor monetario.
“Cuando vino María me dejó sin ventanas, se inundó la casa, perdí casi todo. El techo de zinc se dañó todito, tiene muchos boquetes, y le puse toldo al techo de la casa. Cada dos meses o tres el alcalde me manda toldos, pero no duran, los vientos me los hacen hilachas”, expresó a Visión.
Con su actual ingreso, menos de 400 dólares de Seguro Social, no le da para arreglar los desperfectos, aunque con lo poco que tiene poco a poco ha ido arreglando algunas partes de la edificación.
El motivo para no abandonar su residencia no tiene que ver sólo con la parte edificada de la misma, sino con la finca que esmero y cariño ha ido sembrando.
“Yo tengo un terreno todo sembrado: guineos, parchas, lechosas, panas, etc. Yo no quiero salir de aquí, solo quiero que me pongan las ventanas y me pinten la casa. Hoy en día no es el dinero, es la paz. Aquí tengo buenos vecinos”, compartió.
Tras poner varios recursos en diferentes organismos, el pasado 19 de mayo desde el programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación de los fondos CDBG-R negaron su petición alegando que los daños de la vivienda son estructurales, y que su ubicación en una pendiente impide reconstruir una nueva propiedad en el terreno existente.
El DV contempla que de no estar de acuerdo con la solicitud se recurra a una Revisión Administrativa. Sin embargo, Cándida Torres no quiere seguir en esta lucha administrativa, y tiene previsto apelar al Tribunal de San Juan.
“En caso de que se nieguen a hacerme el trabajo, voy a denunciar. La persona que trabajó en el caso me dijo que tengo que buscar un abogado después de la apelación”, expresó.
“Yo no vendo mi casa, ni mi media cuerda. Esto es una promesa de familia, la casita me la dejó mi difunto a mí: no la vendo por nada del mundo. Mi casa no tiene precio, solo quiero que me la arreglen”, reclamó desesperada quien en su tiempo libre se dedica a atender a ancianos en pueblos como Camuy, Quebradillas o Hatillo.
