“Esto es indignante. Es el cuento de nunca acabar”. Así catalogó la senadora del Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, lo que para ella es un caos en las agencias de gobierno. En esta ocasión se trata del programa PROSPERA del Departamento de la Familia. Según información provista a la senadora, el programa, que ofrece servicios a las personas mayores de 60 años de edad que requieran sustento, cuenta con una trabajadora social y una mediadora de conflictos para atender los casos de todo Puerto Rico. Ante estas denuncias Rosa Vélez radicó una Petición de Información a la secretaria del departamento, Carmen Ana González Magaz, para que evidencie la realidad del programa.
“Radiqué una Petición de Información para que la secretaria de la Familia le conteste al Senado en 10 días la realidad que vive el programa PROSPERA. Todos sabemos que en Puerto Rico la población de envejecientes es una en aumento y que enfrenta múltiples situaciones. Lo vemos en nuestras visitas a los pueblos y es el gobierno el responsable en garantizar a esta población una vida digna sin embargo, la agencia encargada de atender y socorrer a nuestros envejecientes, alegadamente, se encuentra inoperante. Esto es indigante”, denunció Rosa.
Falta de personal en el programa atenta contra la posibilidad de que personas mayores de 60 años de edad que necesiten sustento de sus descendientes directos, los hijos de cuidadores que deseen reclamar a sus hermanos sustento para sus progenitores, y cualquier persona natural o jurídica interesada en el sustento de una persona de edad avanzada, puedan recibir los servicios descritos. Es a través del procedimiento administrativo de mediación que se establece una orden de pensión alimentaria para una persona de edad avanzada. La pensión puede significar ayudas monetarias y aportaciones como colaborar en las tareas del hogar, establecer turnos de cuidado, asegurar que reciban atención médica, entre otros.
“Las personas de la tercera edad se supone también reciban a través del programa representación legal gratuita que garantice el mejor bienestar de la persona sin embargo, con solo una trabajadora social y una mediadora de conflictos para los 78 municipios es imposible ayudar a quien necesite los servicios. Este gobierno tiene que ser sensible ante las necesidades de nuestros envejecientes que dieron lo mejor de sí para contribuir con el país”, acotó Rosa. “Desde el Senado estamos atentos y ejercemos nuestro deber de fiscalizar a las agencias para que cumplan con sus obligaciones y servicios”.
La senadora Rosa destacó que la secretaria de la Familia debe contestar cuál es el presupuesto del programa, cuántos empleados tiene y cuántos contratistas, número de casos atendidos y pendientes así como las gestiones que realizan para que los servicios se ofrezcan en las diversas regiones de la isla más allá de San Juan. “Esta información es vital para conocer si en efecto el programa cumple con su finalidad. Como trabajadora social conozco la triste realidad que viven nuestros envejecientes por lo cual ofreceré seguimiento constante para garantizar que el programa atienda a esta población con tanta necesidad”. Una vez finalizado el término de 10 días otorgados a la agencia para contestar, la senadora Rosa aseguró evaluará los próximos pasos a seguir.
