Aunque destacaron que la medida es una loable, la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico rechazó hoy, miércoles, el Proyecto de la Cámara (PC) 464, que busca permitir que los participantes mayores de 62 años elegibles para los beneficios del Seguro Social puedan retirarse voluntariamente de su empleo y recibir los beneficios acumulados hasta la fecha de su retiro.
La medida es de la autoría de los representantes Jesús Santa Rodríguez, José Aníbal Díaz Collazo y Domingo J. Torres García, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno.
Según el director ejecutivo del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis M. Collazo Rodríguez, la aprobación tal cual del PC 464 pudiera “menoscabar potencialmente las negociaciones entre el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal para proteger el pago íntegro de todas las pensiones y otras medidas legislativas dirigidas a hacerle justicia a nuestros pensionados”.
Por otra parte, el licenciado Collazo destacó que “resulta confusa la medida al no ser específica, particularmente, en cuanto a los empleados elegibles para acogerse al retiro voluntario y a qué “beneficios acumulados” se refiere”.
Collazo Rodríguez destacó que la medida hace alusión a que los participantes mayores de 62 años recibirán sus “beneficios acumulados” hasta la fecha de su retiro, “pero no establece qué pasaría con esos beneficios luego de la fecha de su retiro”.
“Si la medida pretende adelantar la edad de retiro de todos los empleados que sean mayores de 62 años, no resultaría viable conforme a nuestra realidad económica. De la medida no surgen datos, estadísticas o estudios actuariales realizados para sustentar su aprobación. Tal y como está redactado, la aprobación de PC 464 conlleva un impacto actuarial que no fue debidamente presupuestado ni contemplado en las proyecciones fiscales”, indicó.
La exposición de motivos de la medida considera que “es preocupante el impacto en la calidad de vida de los servidores públicos que alcanzan la edad para acogerse a los beneficios del Seguro social, pero que deciden no retirarse porque las condiciones económicas no les permiten asumir el costo de obtener menos beneficios del plan de retiro gubernamental”.
De acuerdo con el asesor de asuntos legislativos de la AAFAF, Juan Peña Payano, “desde el punto de vista fiscal, la medida requiere un análisis profundo sobre las implicaciones en el erario, particularmente a raíz de la aprobación de la Ley 53-2021, conocida como “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico” y su impacto en cuanto a la Orden de Confirmación del Plan de Ajuste del Deuda del Gobierno Central, específicamente cómo se pudiesen afectar los recursos del Fondo General que se destinan para el pago de los beneficios de pensiones de los servidores públicos”.
“Si se concluye, que en base al análisis sugerido, la medida no es contraria a lo establecido en el párrafo número 79 de la Orden de Confirmación, ni tampoco se impacte negativamente el presupuesto del Fondo General en principios no tenemos objeción con su aprobación. De lo contrario, recomendamos que la medida sea revisada para atender los planteamientos señalados en esta ponencia”, sostuvo Peña Payano.
Por su parte, el director de la OGP, Juan Carlos Blanco Urrutia destacó que “el proyecto podría tener un impacto fiscal en el contexto de la reorganización de las deudas de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA, dado a que la Junta de Supervisión Fiscal adoptó una postura en el Plan Fiscal 2021-2022 de que resulta esencial reformar el sistema de retiro del Gobierno de Puerto Rico”.
Blanco Urrutia destacó que aunque loable, la medida no desprende información suficiente “para opinar sobre qué impacto presupuestario tendría la misma”.
La vista pública también contó con la participación del representante Juan José Santiago Nieves.
