El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rubén Soto Rivera realizó ayer vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 501 que busca flexibilizar los requisitos a los estudiantes internacionales que aspiran a convertirse en dentistas.
El proyecto, radicado por petición por el senador José Vargas Vidot, busca eliminar requisitos para que estudiantes internacionales puedan ejercer como dentistas en Puerto Rico.
En la vista depuso la Dra. Aileen Torres, decana de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas donde explicó las razones por las que se oponen a la medida presentada.
“El proyecto no promueve el mejorar la oferta académica a los dentistas internacionales. Más bien, el proyecto propuesto los excluye de la fundación básica indispensable que debe tener todo profesional de la salud, lo cual es una visión global y completa del componente educativo de su profesión. Esto lo ofrece el Programa de Ubicación Avanzada. Los programas de residencia son, por su oferta académica, más específicos en las distintas disciplinas de la salud oral porque sus egresados serán especialistas y adquieren unas experiencias docentes y clínicas en estas áreas en particular”, relató.
La Dra. Torres añadió que el objetivo de la Escuela de Medicina Dental es mantener los estándares más altos de excelencia educativa para el beneficio del pueblo de Puerto Rico y que permitir el que se pueda obviar el Programa de Ubicación Avanzada a los dentistas internacionales que quieran obtener una licencia para ejercer en Puerto Rico, no abona a mejorar el componente académico y clínico y da la impresión de pretender dar ventaja a los estudiantes internacionales.
“El Proyecto 501 da la impresión de pretender proveer una ventaja a estudiantes internacionales sobre nuestros estudiantes locales. En ese contexto, el efecto de la medida es legislar estándares privilegiados de admisión, para los aspirantes internacionales, en detrimento de su formación académica básica de estos y en forma muy inferior los requerimientos hechos a los aspirantes locales”, insistió.
Por su parte, Norma Martínez Acosta, expresidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico rechazó y se opuso a la medida por proponer drásticos cambios en la operación o administración de asuntos regulatorios o académicos de la profesión, sin razonamiento justificable.
“Nos parece un precedente peligroso el que una propuesta legislativa pretenda sustituir, con tal nivel de detalle, los criterios académicos, o los requisitos para ejercer una profesión establecidos y administrados por la Junta Examinadora. Aunque parezca simpático liberalizar la admisión a la profesión dental, esta Comisión no puede soslayar que el dentista es un cirujano al que se requiere una formación académica específica, un entrenamiento determinado y una preparación de excelencia, por las facultades que el Estado le da para prescribir medicamentos, hacer cirugías y tomar decisiones complejas en la salud oral de todo paciente”, explicó.
“Aunque reconozcamos retos para retener o atraer a nuestros dentistas a dar servicio en la Isla, ello se atiende mediante un mejoramiento de las condiciones de servicio o trabajo de nuestros dentistas, aplicando tarifas justas, fiscalizando a las aseguradoras que limitan de forma irrazonable la práctica dental y su adecuada compensación, y reconociendo el valor y entrega de nuestros dentistas en el sistema de salud. Por ello, la solución no puede ser la liberalización de requisitos de admisión, para aumentar de forma irresponsable la oferta de servicios dentales, como pretende el PS501, sino procurando retener y atraer a los dentistas que están adecuadamente formados y preparados, con los estándares académicos que se requieren para la calidad de servicio al paciente”, añadió.
Del mismo modo, Miguel Alvarado López, presidente de la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico, explicó que la medida no debería ser considerada, pues perjudicaría a los dentistas y estudiantes puertorriqueños, y al País en general.
“Los miembros de la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico, como representantes de la Ley Núm. 25 de 1925, nos oponemos al Proyecto del Senado 501, o a cualquier otro que intente eliminar o flexibilizar indebidamente los requisitos de Ley para practicar la odontología en el País. Para nosotros, la aprobación de estas enmiendas a la Ley 75 representa un atentado a nuestra profesión y a la salud pública”, detalló.
Para la Junta Dental Examinadora de Puerto Rico el proyecto bajaría de forma drástica la calidad de la formación académica requerida a los dentistas; pondría en jaque la acreditación de la escuela dental existente y de las futuras (ya que se espera que dos nuevas escuelas dentales abran sus puertas en uno o dos años); y amenazaría la salud de la población, porque la carrera dental se relaciona con la prevención y tratamiento de enfermedades bucales, pero también con la salud integral de los pacientes.
Tanto los representantes de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y la Junta Dental Examinadora pidieron al senador Vargas Vidot retirar la medida y recomendaron a la Comisión de Salud del Senado rendir un informe negativo del proyecto ya que podría traer un disloque de la calidad y seguridad hasta ahora existente en los servicios de salud dental en el país, trayendo como consecuencias el que se haya puesto la salud y seguridad de los puertorriqueños en juego.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Rubén Soto adelantó que les corresponde completar un análisis comprensivo de los cambios que propone esta legislación para luego rendir un informe.
“Una vez la Comisión complete el análisis, con la transparencia que me caracteriza, la estaremos comunicando. Es nuestra responsabilidad fomentar un sistema de salud donde los pacientes obtengan servicios de alta calidad, por profesionales que posean las destrezas y conocimientos completos que requieren sus respectivas especialidades”, precisó.
