Tras el Tribunal Supremo de Estados Unidos fallar en contra del Centro de Periodismo Investigativo (ICP), declarando que la Junta goza de una inmunidad soberana que le permite evadir demandas en la corte federal y así eximirse de las obligaciones que impone nuestro derecho constitucional al acceso de información, miembros de diferentes organizaciones reaccionaron a la decisión.
“Esta decisión del Supremo representa un ataque frontal a nuestro derecho constitucional a la transparencia gubernamental que por años hemos reclamado en Puerto Rico,” expresó la Lcda. Eva Prados, directora de la Comisión Ciudadana Para la Auditoría Integral del Crédito Público, entidad que participó en el caso como amigo de la corte en favor del CPI.
Con su opinión, la Corte revirtió la orden del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, quien le exigía a la Junta entregar documentos públicos que el CPI lleva solicitando desde el 2017.
“La Junta de Control Fiscal, una entidad completamente financiada con fondos públicos, es el organismo con mayor poder e influencia en Puerto Rico. Como representante del Gobierno en las negociaciones para la reestructuración de la deuda, sus acciones y decisiones afectarán la vida de los y las puertorriqueñas por décadas. Al proteger a la Junta de cualquier reclamo de información pública, la Corte Suprema de Estados Unidos niega nuestro derecho de fiscalizar los procesos y fundamentos sobre el pago de la deuda pública e impedir medidas que afecten el bienestar del país”, precisó.
Por su parte, Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, entidad que se unió al caso como amiga de la corte en apoyo a la posición del CPI insistió que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos es un atropello más al pueblo de Puerto Rico y a nuestros derechos como personas de saber e incidir en las decisiones que nos afectan y que determinan nuestro futuro.
“En defensa del derecho a la información pública que maneja, recibe y produce la Junta de Control Fiscal. En este Amicus, la organización, que trabaja para garantizar la distribución justa y equitativa de los fondos públicos, argumenta cómo la falta de acceso a la información obstaculiza la evaluación de políticas en decisiones multimillonarias, como los procesos de privatización de nuestros servicios esenciales, que ya han causado daños sociales, económicos y ambientales irreparables en el Archipiélago”, insistió.
Por su parte, Cristina M. Miranda Palacios, directora ejecutiva y fundadora de la Liga de Ciudades de Puerto Rico explicó que también se unieron al caso del CPI como amigo de la corte ante el reconocimiento de que la Junta de Control Fiscal se extralimita continuamente en su función, sin ninguna consideración al estado de derecho que la creó ni a las necesidades, realidades y deseos de nuestras comunidades y el país.
“Nos unimos a este importante caso ante el riesgo de que se le permitiera a la Junta invocar la inmunidad soberana para evitar litigios, ya que, ante esto, el gobierno y el país quedarían sin recursos para impugnar sus decisiones. Esta nefasta decisión va a desembocar en una crisis espantosa en la ya debilitada estructura de nuestro sistema de gobierno, y por ende en el país. Los continuos reclamos de rendición de cuentas que se le hace a los alcaldes, por la prensa, por el gobierno, y por la propia Junta de Control Fiscal, ahora no le aplica a estos, según estableció el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”, concluyó.
