La marihuana es aún una sustancia proscrita en Puerto Rico, a diferencia de otros países donde su consumo es ya legal como Países Bajos, Canadá y Uruguay, o incluso algunos estados de los Estados Unidos.
En el país norteamericano, 18 jurisdicciones -incluida la capital federal- ya tienen esta planta legalizada, mientras que otros estados aún tienen su consumo aprobado solo para uso medicinal. A nivel federal sigue siendo ilegal.
Por este motivo, el legislador Héctor Ferrer, del Partido Popular Democrático (PPD), acaba de presentar un proyecto que busca legalizar la tenencia y consumo para personas mayores de 21 años.
Esta medida, que solo permitiría el consumo recreativo en el ámbito privado y la posesión de hasta 28 gramos, busca por un lado descriminalizar y reducir los gastos derivados de perseguir esta droga, y por otro aumentar los recaudos del Estado, sacándola del mercado negro. Según el legislador, esta medida podría ahorrar millones a las arcas públicas del país. “Cada año el Departamento de Corrección gasta $41,000 en cada preso por sustancias controladas. Eso hay que multiplicarlo por 3, pues es la pena máxima por posesión de marihuana”, dijo.
Además, el nuevo escenario sería uno muy beneficioso para las arcas públicas.
Según los estudios económicos realizados por el legislador popular, en su primer año este nuevo consumo podría suponer entre 80 y 100 millones de ingresos para el gobierno, y crear 10,000 nuevos empleos.
Para Héctor Ferrer, el gobierno ha fracasado en la guerra contra las drogas.
“Puerto Rico debe cambiar su política pública, podemos empezar por el cannabis. La policía gasta mucho tiempo en detener a una persona para hacerle la prueba, hacer la denuncia, acudir a la citación, etc. Este giro va a permitir que la policía esté velando por la seguridad”, expresó.
Para defender su texto legislativo, Ferrer argumentó que “el cannabis no supone efectos perjudiciales a la salud. La droga del punto está mezclada con otras sustancias, y eso sí puede hacer daño”.
Por último, destacó que “la regularización incentiva que desaparezca el mercado ilegal, y permite que el ciudadano sea tratado como un usuario, no como un criminal”. De aprobarse la ley, las personas que quisieran consumir cannabis de forma legal deberían solicitar una licencia o pasaporte de consumidor, como ya sucede con los pacientes de cannabis medicinal.
Hablan los expertos en uso y consumo de drogas
La medida y el debate no son nuevos. Desde hace muchos años es de conocimiento común que el problema no se ha resuelto con la mano dura ni con la guerra contra las drogas.
Durante su periodo como gobernador, Alejandro García Padilla llegó a expresar que “llevamos décadas intentando enfrentar este enemigo con leyes penales, con policías, con el ejército, en fin, con criminalización”.
Frente a esa estrategia punitiva, el ex-gobernador no vaciló en reconocer que “ese modelo fracasó. Si era una guerra, se perdió. Otros países han implantado otras formas con éxito, quitándole el negocio, el lucro, a los narcotraficantes”.
Para lograr este fin, organizaciones como Intercambios Puerto Rico, llevan trabajando desde el año 2009 para atender el problema desde una perspectiva salubrista, teniendo al consumidor como centro de atención.
Carla Correa es coordinadora del Proyecto de Políticas de Drogas ConCiencia, en Intercambios Puerto Rico. En conversación con Periódico Visión, compartió que “siempre hemos empujado la legalización de la marihuana, porque es el primer paso de poder hablar otras sustancias y para entender el tema sin una perspectiva punitiva”. Intercambios Puerto Rico fue una de las organizaciones consultadas por Ferrer para desarrollar esta propuesta de ley. Sin embargo, son críticos con algunos puntos del proyecto final.
Uno de esos puntos es la visión economicista de la ley, que plantea la legalización como una oportunidad para sacar beneficios económicos para el Estado, dejando fuera otras formas de consumo. “Siempre trajimos el tema del autocultivo. El capitalismo ahora está legalizando ,cuando fue el mismo capitalismo el que creó políticas para prohibir las sustancias, como sucedió en su momento con el alcohol”.
El ejemplo de la Ley Seca, que provocó una oleada de crímenes en los EE.UU., es similar a lo vivido en Puerto Rico con el narcotráfico. Por eso, tanto la prohibición como el dejar en manos de la empresa privada el consumo lo ven como un problema.
“En la organización aprobamos la legalización, pero queremos que las personas tengan participación. La industria del cannabis, los dispensarios, son los que van a estar beneficiándose. Van a ser los que van a tener el control absoluto”, denunció.
Otro problema que señaló Correa como preocupante es el hecho de que la nueva ley no elimina los antecedentes a quienes en su momento fueron detenidos y encarcelados por uso y consumo de cannabis. Sin embargo, sí evitaría que nuevos consumidores sean considerados delincuentes.
“La ventaja principal de legalizar es que la persona no está en riesgo de tener antecedentes penales, es lo más salubrista que se puede hacer. No estamos afectando a la persona con un arresto, o haciendo que una mujer pierda la custodia de sus hijos. Las personas que entran en las cárceles no pueden reintegrarse, los antecedentes los persiguen como un carimbo”, lamentó.
La medida puede no resultar muy popular entre ciertos sectores que siempre se han opuesto al uso de sustancias. No obstante, desde Intercambios Puerto Rico entienden que hay una predisposición mayor que en épocas recientes.
“Hay tres proyectos en la cámara federal para atender la legalización, y aquí las cosas llegan por gravedad. Hay personas que no lo van a aprobar, pero se vería bien mal que teniendo un buen proyecto para dar un paso de avanzada, tengamos que esperar que el gobierno federal lo legalice, y nosotros con el síndrome del colonizado volvamos a acatar”, expresó.
La experta en intervención con personas adictas compartió con Visión que en general el consumo de droga ha disminuido, pero la calidad de la droga consumida es mucho peor. Además, se han introducido en la isla sustancias altamente peligrosas, como el fentanilo.
Por ello, legalizar el consumo de marihuana y controlar la calidad del producto evitaría que los consumidores tuvieran que comprar droga mezclada con otras sustancias.
“Hemos notado que hay gente que consume marihuana y los efectos que tiene no son de la marihuana”, indicó preocupada. Por último, la portavoz de la organización reclamó que de aprobarse el proyecto, se debe revisar la asignación de fondos del recaudo de impuestos.
“Nos interesa mucho que se trabaje el área de prevención y educación, y que esto sea el inicio para hablar de otras drogas que son causantes de la guerra social que tenemos”.
¡¡¡NO!!! Y todos eses lugares tienen ahora muchos más problemas con criminalidad, embriaguez al conducir y casos de negligencia paternal (entiéndase por ambos madres y padres) que antes de dicha legalización .
¡Volvimos al gobierno de las tres Bs! ¡Despierten!