¡Cansados! Es la palabra que describen en Hatillo y Arecibo ante la privatización de cuerpos naturales protegidos y donde las entidades gubernamentales correspondientes no han accionado para devolverle el patrimonio al pueblo.
Estos pueblos no son los únicos que luchan y sufren hoy los daños permanentes, sino que alrededor de la isla, varios componentes de organizaciones sin fines de lucro continúan la lucha para evitar más privatizaciones y construcciones ilegales.
Hatillo: Bo Carrizales, calle Abeto
Uno de los casos fue difundido a través de las redes sociales por un residente del pueblo de Hatillo quien ha pedido en varias ocasiones ayuda tras colocarle al mogote cerca de la playa de Hatillo un portón privado que ha culminado en la prohibición y utilización de las áreas. Dicho residente habló de manera anónima y esto nos contó: “Yo compré un terreno en el área hace dos años. Año y medio después llega la señora Jeannette Morales Seda, la cual monta un área para acampar en el terreno, lo cual no es el problema. La situación se da cuando comienza a colocar verjas en el terreno prohibiendo el paso al área de la playa. No ha sido la primera vez que llevamos reclamando, tampoco la primera vez que hablamos con ella para ver si tiene permisos, los cuales no enseña, porque no los tiene. Así que, decidimos irnos a las vías correspondientes con Recursos Naturales, municipio de Hatillo, OGPE y todo lo necesario,” explicó.
Cabe destacar que, los terrenos adquiridos han incumplido con varias reglamentaciones. Entre ellas: al reglamento de zonificación y de accesos a las playas y costas de Puerto Rico donde especifica:
Sección 3.00– Acceso Público- “Será requisito mandatorio que todo proyecto que se autorice, colindante con un litoral marítimo o lacustre provea una o más vías de acceso público que conduzcan a través del o bordeando con el proyecto, desde la vía pública que sirve de acceso al mismo hasta llegar a otra vía pública paralela a la costa…”
Sección 3.04– Accesos Públicos Existentes- “Los accesos públicos a playas, costas y litorales lacustre se mantendrán libres de obstrucciones. La construcción sin obtener permiso para ello, de vallas y verjas y de boyas marítimas con rótulos de “no pase, la excavación de pavimento o de zanjas a través del acceso público se considerarán como obstrucciones al acceso y una violación a este reglamento.”
Las verjas colocadas están puestas cerca al mangle que obstruye también a la vida silvestre. “Es que no tenemos ni acceso al mangle ahora mismo. Ella fue y cerró con candado. No hay que tener mucha escolaridad para saber que un mangle no puedes interferir en el a 30 metros y la verja está puesta encima.”
Se radicó una querella de OGPE 2023- SRQ-012449 por ausencia de permisos requeridos, incumplimiento con los términos y ley. Como también radicaron una querella a Recursos Naturales U- AREM-002-2023, donde se reunieron con la licenciada Mildred Sotomayor la abogada de la oficina de Recursos Naturales. Los residentes esperan por una respuesta inmediata y que las agencias correspondientes puedan intervenir.
Arecibo: Cueva del Indio
Lauce Colón Pérez, activista y organizador comunitario de Defendiendo la Cueva del Indio – 681 se dedica en conjunto de un grupo de voluntarios a la defensa, preservación y rescate de la reserva natural de la Cueva del Indio y de todo el litoral costero PR-681 del barrio Islote de Arecibo. “La Cueva del Indio es un patrimonio nacional y una joya arqueológica. Estamos hablando que además de ser una reserva natural y marina, también es uno de los sitios arqueológicos más importantes de todo el Caribe. No obstante, desde 2016, José González Freire, dueño de Panamerican Grain, Arroz Rico y Café Mami entre otros, ha estado privatizando y explotando el acceso. El compró los terrenos aledaños a la Cueva del Indio, también puso verja, escombros, basura y destruyó nuestros accesos costeros. Esto obliga a la gente a accesar la cueva por sus terrenos y pagar de $10 a $35 dólares por persona,” mencionó.
Una de las violaciones es a la Ley 112 de protección de áreas arqueológicas. “Sin contar la cantidad de otras leyes de Recursos Naturales. Esto es explotación monetaria, privatización y vandalización. Esto es penalizado hasta 5 años de cárcel y $5,000 de multas. Una multa que se hace todos los días. Como respuesta, la comunidad el pasado mes de julio nos organizamos para abrir accesos áreas peatonales y luchar para que se haga un deslinde apropiado y se expropie esos terrenos para comenzar un plan de manejo y preservar la Cueva del Indio.”
Se realizaron querellas al Departamento de Recursos Naturales y se realizó una vista ocular por la senadora Elizabeth Rosa Vélez. “Esas han sido nuestras comunicaciones, fuera de eso, el señor alcalde Carlos Ramírez, a quien le hicimos reclamos para una reunión y nos atendió para el mes de agosto, reconoció la problemática. Supuestamente le escribió una carta a la secretaria de Recursos Naturales y ya. Básicamente se limpió las manos. No nos sentimos para nada respaldados, es hora de acción inmediatamente,” concluyó.
