Tras el arresto y renuncia del ahora ex Alcalde de Humacao, Reynaldo “Rey” Vargas Rodríguez, los humacaeños decidirán quién se convertirá en su nuevo Alcalde el domingo, 12 de junio. En la contienda, seis novoprogresistas fueron certificados por la Comisión Estatal de Elecciones como candidatos oficiales y se enfrentarán en Elección Especial. Uno de los aspirantes, Alejandro Martínez Burgos, quién formó parte del grupo de confianza en la Administración del acusado federal Vargas Rodríguez y funge como actual Director de Finanzas Municipal, es contra quien se ha presentado una seria querella ante la Oficina de Ética Gubernamental.
Los alegados hechos señalan que el funcionario y subordinados municipales realizan campaña activa utilizando recursos e incluso las Redes Sociales oficiales del Gobierno Municipal de Humacao, para beneficiar e influenciar la decisión que los humacaeños estarían tomando durante el especial comicio electoral. La autora de la querella se mostró preocupada ante lo que observó en las redes sociales del ayuntamiento, una promoción política del candidato Martínez Burgos.
“Los recursos, incluyendo las redes sociales del municipio tienen la obligación legal de destinarse hacia nosotros los humacaeños y en ninguna circunstancia pueden reflejar asuntos de índole político, levantamos nuestra indignada voz para que situaciones cómo estás encuentren punto final, esto es lo que merece Humacao”, señaló enérgicamente la maestra de profesión. Según expresó la publicación surgió el pasado miércoles, 2 de junio y tras comentarios de indignados ciudadanos la promoción fue eliminada.
En cuanto a los señalamientos, la Ley de Ética Gubernamental es categórica y encuentran base legal en el Artículo 4.2 (Prohibiciones éticas de carácter general), que en su inciso (i), expresa, “un servidor público no puede utilizar, en los bienes muebles o inmuebles del Gobierno, cualquier símbolo, lema, imagen, fotografía, pin, logo, pegatina, calcomanía, rótulo, insignia, aplicación tecnológica, mensaje escrito u otro distintivo que identifique o promueva, directa o indirectamente, los intereses electorales de cualquier partido o candidato político. De prosperar los señalamientos, importantes multas y penalidades podrían aplicarse según el estado de derecho vigente.
