El Lcdo. Adrián González Costa, junto a la Lcda. Adriana Gutiérrez Colón, líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en San Juan denunciaron la llegada de beneficiarios de la Ley 22 y con ello el acaparamiento de diversas propiedades en el casco urbano de Río Piedras. Lo que representará el desplazamiento de estudiantes, trabajadores, inmigrantes y los pocos comerciantes locales que quedan en la zona.
La denuncia surge tras el reclamo de residentes del Condominio La Torre ubicado en la avenida Ponce de León, esquina avenida Gándara. Estos fueron avisados por el nuevo dueño del edificio sobre un aumento de renta ascendente a $1,000 mensuales. El dueño es Thomas Axon, (representando a Fortaleza EquityPartners 2) el beneficiario de la Ley 22 ex propietario de la franquicia de los cangrejeros de Santurce.
“Estamos hablando de 20 apartamentos, 20 unidades habitadas mayormente por estudiantes para quienes, a todas luces, una renta de esa cantidad sería imposible de pagar y el efecto sería quedar desplazados de su espacio. Ya la teoría de que compran espacios vacíos y abandonados no se sostiene. Al igual que sucedió en el hoy hotel La Ferretería en Puerta de Tierra en donde decenas de familias fueron desahuciadas, aquí el desplazamiento es directo y físico”, señaló el Lcdo. González Costa.
La investigación realizada por los abogados reflejó que en el corto tramo que discurre entre la Plaza de la Convalecencia y la avenida Gándara ya hay 9 propiedades ocupadas por beneficiarios de la Ley 22. Similar a lo antes denunciado por el PIP en el caso de Puerta de Tierra, de esas nueve propiedades identificadas, ocho pertenecen a la misma persona. Dichas propiedades aparecen registradas a nombre de la corporación PR FLIPS, presidida por Kira Golden, una empresaria dedicada al negocio de los bienes raíces radicada en Puerto Rico desde el 2014.
“Es ofensivo que, habiendo necesidad de vivienda asequible en el país, al amparo del “libre mercado”, sigan aumentando las rentas de las viviendas disponibles para estudiantes. Sobre todo, luego del cierre de Torre Norte y Resicampus, en el cual sobre 700 estudiantes se quedaron sin la oportunidad de vivienda accesible.Es absurdo hablar sobre la revitalización de una ciudad universitaria a la vez que se sigue promoviendo el desplazamiento del estudiantado.”subrayó la Lcda. Adriana Gutiérrez Colón.
“Las comunidades de Río Piedras llevan décadas solicitando el auxilio del gobierno para revitalizar el casco urbano para que la ciudad universitaria, pueda serlo y ser lo que una vez fue. Ahora se encuentra ante el peligro de ser una comunidad transformada en un lugar turístico o cualquier intención que traigan los mal llamados inversionistas, que no será una ciudad universitaria, mucho menos un espacio accesible para la comunidad que hoy habita allí”, puntualizó González Costa.
