El gobernador Pedro R. Pierluisi reiteró a las más de treinta corporaciones públicas adscritas a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que deben iniciar el proceso de revisar y actualizar sus respectivos planes de clasificación y retribución para empleados en el servicio de carrera.
Estas entidades gubernamentales, en su mayoría, no están sujetas a las disposiciones de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. Por lo tanto, no forman parte de los Planes de Clasificación y Retribución Uniforme que desarrolló la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH). Tras décadas de haberse realizado las últimas actualizaciones de dichos planes, es necesario que las corporaciones públicas comiencen a trabajar en estas revisiones, según les instruyó previamente la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales.
“La transformación del servicio público forma parte de los pilares de mi administración. Esto incluye hacerle justicia salarial a los empleados de todas las entidades que componen la Rama Ejecutiva, incluyendo las corporaciones públicas, para asegurar uniformidad y poder competir con los salarios del mercado privado. Igualmente, es necesario el rediseño de las estructuras organizacionales internas, establecer nuevas prácticas de reclutamiento que aseguren el principio de mérito y ampliar las oportunidades de crecimiento profesional de los servidores públicos”, sostuvo el gobernador.
En el caso de los departamentos y agencias, Pierluisi logró que finalmente la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) incluyera dos partidas en el Plan Fiscal, y eventualmente en el Presupuesto del Año Fiscal 2023, que permitirán implementar los Planes de Clasificación y Retribución Uniforme de la OATRH a partir de enero de 2023. Esto tendrá como resultado mejores condiciones de salarios para la gran mayoría de los servidores públicos.
“Sin embargo, la mayoría de las corporaciones públicas no están incluidas en estos planes, por lo que es sumamente importante que cada una inicie el proceso de actualizar sus respectivos análisis. Este es el primer paso, dentro de un esquema más extenso que eventualmente requerirá la aprobación de la JSAF, para comenzar a hacerle justicia salarial a nuestros servidores públicos que trabajan en las corporaciones públicas”, añadió el gobernador.
El primer ejecutivo solicitó a la OATRH que brinde asistencia técnica a las corporaciones públicas que no cuenten con los recursos necesarios para actualizar sus planes de clasificación y retribución. Además, la OATRH deberá asegurarse que los planes de las corporaciones públicas tengan equivalencias y sean compatibles con los planes del Gobierno Central, para asegurar un sistema de recursos humanos integrado y en armonía en toda la Rama Ejecutiva. De igual manera, en aras de garantizar la responsabilidad fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) deberán formar parte del proceso para identificar los fondos que permitan, eventualmente, implementar las revisiones salariales.
