En un artículo de opinión, tres destacados defensores de la salud y los derechos de la mujer –la Muy Hon. Helen Clark, Presidenta de la Junta de PMNCH y ex Primera Ministra de Nueva Zelanda; Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex Presidenta de Chile; y S.E. José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores de España– instan a la adopción urgente de medidas multilaterales para hacer frente a lo que han descrito como una “plaga” de violaciones, y otros abusos físicos y mentales, contra mujeres, niños, y adolescentes vulnerables, especialmente los que viven en entornos de crisis humanitarias.
En 2022, 274 milliones de personas necesitarán asistencia y protección humanitaria. Esta cifra representa un aumento significativo comparado con las 235 millones de personas registradas en 2021, que ya era la cifra más alta en décadas. Según estimaciones mundiales, casi un tercio de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años que han estado en pareja han sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, no obstante, la amenaza de la VSG es aún más elevada en entornos de crisis humanitaria. Por tanto, el riesgo de violencia sexual y de género (VSG) sigue aumentando debido al número sin precedentes de crisis en el mundo, incluyendo la COVID-19, el cambio climático, y conflictos. Sin embargo, menos del 1% de los fondos destinados a entornos humanitarios a nivel mundial se enfocan en prevenir la violencia sexual y de género. Es por ello que necesitamos urgentemente acciones e intervenciones específicas para prevenir y responder a la violencia sexual y de género, especialmente en entornos frágiles y de crisis humanitarias, centradas principalmente en mujeres, niños, y adolescentes.
Los conflictos armados, los desastres naturales y las crisis humanitarias disminuyen considerablemente la capacidad de proteger a mujeres, niños y adolescentes de la violencia sexual y de género. La violación, y otras formas de violencia sexual y de género, se utilizan en los conflictos armados como estrategias militares.
La violación sistemática afecta terriblemente la salud física y mental de las mujeres, incluyendo complicaciones relacionadas con el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y la muerte por abortos no seguros. El temor al estigma social con el que se enfrentan las víctimas de violación impide que busquen ayuda o atención, por lo que se estima que muchos casos no son denunciados.
“La violencia sexual y de género aumenta siempre que hay un conflicto armado, porque el miedo, el caos y la confusión crean condiciones perfectas para los agresores.” escriben Clark, Bachelet y Albares. “Los conflictos armados agudizan las desigualdades de género que repercuten exacerbadamente sobre mujeres y niñas en todo el mundo, aumentando los niveles de violencia a los que de por sí ya están expuestas. La ruptura de normas sociales, de las restricciones legales y de protección común, otorga a los hombres armados la oportunidad de aprovecharse de las mujeres, niñas, niños, y adolescentes vulnerables. A menudo lo hacen como una táctica intencionada para aterrorizar a la población.”
La violencia sexual en los conflictos está aumentando en todo el mundo; en un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, se identificaron en el mundo 49 agentes, estatales y no estatales, como sospechosos de haber cometido, o de haber sido responsables de violación u otras formas de violencia sexual en situaciones de conflictos armados en 2021. De los casos de violencia sexual en conflictos reportados durante 2021, el 97% fueron de mujeres y niñas. En circunstancias de desesperación, las mujeres, niñas y adolescentes pueden verse obligadas a intercambiar sexo por comida, dinero y otros recursos necesarios para sobrevivir. En algunos lugares, es común el matrimonio infantil forzado para proteger o cuidar a las familias. Debido a la pérdida de libertad y a la violación de derechos, el matrimonio infantil, reconocido por el derecho internacional como una forma de violencia de género.
Sin embargo, el aumento de conflictos armados es solo una de las razones del aumento de la violencia sexual y de género. La pandemia mundial del coronavirus y los fenómenos climáticos extremos también contribuyen significativamente a la VSG.
Si bien el cambio climático afecta a la población en general, las mujeres y niñas son doblemente vulneradas. Según ONU Medio Ambiente, se calcula que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres.
Cuando las mujeres se ven obligadas a trasladarse a campos de refugiados y otros entornos inseguros, también son separadas de sus comunidades, estructuras sociales y redes de apoyo, así como de los servicios sanitarios y sociales. En estos entornos, las mujeres y las niñas tienen más probabilidades de sufrir violencia sexual y de género. Una revisión de 19 estudios estimó que el 21% de las mujeres desplazadas sufrieron violencia sexual. Sin embargo, es probable que la cifra real sea mucho mayor, ya que el registro de los incidentes es irregular y las mujeres suelen tener miedo a hablar por temor al estigma social. Los datos demuestran que los adolescentes (10-19 años) y los jóvenes (15-24 años) refugiados no tienen acceso a servicios básicos e información debido a la interrupción de servicios sanitarios.
“Las mujeres, niños, niñas, y adolescentes migrantes también se enfrentan a un mayor riesgo de violencia de género debido a la falta de rutas de migración seguras y reguladas”, escribieron Clark, Bachelet y Albares. “Esto se ve agravado por la falta de acceso a servicios básicos e información, incluida la relacionada con sus derechos, así como por barreras lingüísticas y acceso limitado o nulo a un trabajo decente y a oportunidades educativas. Una evaluación realizada entre personas migrantes y refugiadas en la frontera entre Colombia y Venezuela clasificó la atención y la prevención de la violencia sexual y de género como una de las 10 principales necesidades insatisfechas en materia de salud sexual y reproductiva”.
Desde que inició la pandemia, los datos e informes han demostrado que la violencia contra las mujeres y niñas se ha intensificado, particularmente la violencia doméstica, lo cual se ha denominado como la “Pandemia en la sombra”. El ochenta por ciento de los estudios recientes muestran un aumento de la violencia contra las mujeres y los niños durante la pandemia de COVID-19. Las líneas telefónicas de atención a la violencia doméstica de algunos países muestran que se quintuplicaron las llamadas después de que se introdujeron medidas de distanciamiento físico y de encierro.
En el punto más alto de la pandemia, se interrumpieron total o parcialmente el sesenta y ocho por ciento de los servicios reproductivos, incluidos el aborto seguro y la atención post-aborto. En 2021, se estima que la interrupción de servicios de planificación familiar generó 1,4 millones de embarazos no deseados y un probable aumento de hasta 10 millones de casos de matrimonio infantil durante la próxima década , consecuencia de la muerte de los padres y otros factores relacionados con la pandemia como el cierre de escuelas, el estrés económico, las interrupciones de los servicios y embarazos no deseados.
Helen Clark, Michelle Bachelet y José Manuel Albares piden un esfuerzo multilateral y sistemático para prevenir y acelerar la respuesta a la violencia sexual y de género. Piden reforzar la colaboración internacional para lograr salud y derechos sexuales y reproductives de forma integral para toda la población, incluyendo la prevención.
El comunicado emitido por los Estados miembros del G7 en junio de 2022 hace eco a este llamado, así como al Llamado a la Acción de PMNCH en 2020 para abordar el impacto múltiple e interseccional de la COVID-19 en la salud y el bienestar de mujeres, niños y adolescentes. Este llamado incluyó la prevención de la violencia sexual y de género a través de programas integrados de educación y protección.
Los tres defensores también piden asegurar la respuesta a supervivientes con una perspectiva de género y de edad, alineado con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En el ámbito nacional, los tres defensores piden a los países crear políticas y concentrar recursos para proteger la salud física y mental de personas refugiadas y en desplazamiento, así como de otras personas en riesgo de violencia sexual debido a conflictos armados.Al incorporar esta agenda, los gobiernos nacionales deben asegurar inversiones en el fortalecimiento de capacidades, el análisis y seguimiento de datos, la formación esencial de los y las trabajadoras sanitarias y la creación de un entorno propicio y seguro en el que estos y estas puedan trabajar.
“Tenemos las herramientas para acabar con esta plaga, pero será necesario abordar el problema a través de alianzas en todos los niveles” concluyen Clark, Bachelet y Albares. “Nuestras acciones deben estar guiadas por los principios clave de derechos humanos – igualdad y no discriminación, participación y empoderamiento, rendición de cuentas, así como acceso a la justicia. Ningún aporte individual tendrá el impacto necesario por sí mismo; todos los sectores y actores relevantes deben contribuir a erradicar la violencia sexual y de género en conflictos armados y entornos humanitarios”.
El impacto de la VSG en la salud física y emocional de las mujeres, niñas y adolescentes será uno de los temas que se explorarán en el foro organizad por PMNCH, la mayor alianza mundial para la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes.
