La comunidad universitaria alertó sobre el posible impacto en las acreditaciones, luego de que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) atienda este jueves, el plan fiscal que se desarrolló internamente para la institución.
La representante claustral, la doctora Margarita Villamil Torres, alertó que el plan fiscal no contempla los fondos suficientes para operar la universidad y esto podría poner en peligro la acreditación en otras unidades, alerta que se le ha hecho al Recinto de Ciencias Médicas.
La representante estudiantil graduada, Perla del Mar Rodríguez Fernández, destacó que los supuestos en el plan fiscal que se preparó en la UPR están equivocados, no presentan suficientes fuentes de ingresos fuera de aumentos a la matrícula y ponen las cargas de ingresos más onerosas en la comunidad estudiantil.
“Los estudiantes tendrán nuevamente que hacer de tripas corazones para costear su educación, tras el aumento en matrícula. La UPR parece que se aleja de su norte, de ser una pública, de calidad, accesible y asequible”, sentenció el representante estudiantil subgraduado ante la Junta de Gobierno de la UPR, Eliud Rivas Hernández.
El representante docente, el doctor Carlos Galiano Quiñones, explicó que es muy peligroso continuar estableciendo planes de restructuración institucional con fallas en datos y en estimados.
La comunidad universitaria rechazó el plan fiscal desde el Comité de Finanzas de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. También destacó la importancia de que el plan fiscal contenga un lenguaje abierto sobre los $500 millones planteados en la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra. Señalaron que será clave revisar el lenguaje sobre el 3% de reclutamiento docente. Inicialmente, la administración universitaria llamó a cada recinto a establecer un proceso de reclutamiento según sus necesidades, pero la nueva versión del plan fiscal solo contempla un 3% a nivel sistémico.
El borrador fue preparado por la Oficina de Transformación Institucional (OTI), que es una oficina de la Junta de Gobierno de la UPR que dirige los esfuerzos relacionados a las propuestas de eficiencias fiscales. La OTI recibe servicios de asesoría a través de la firma Bluhaus, que tiene un contrato con la Junta de Gobierno de la UPR de $900,000 solo para el año fiscal 2022. Cantidad que parece absurda ante las medidas de austeridad que atacan al mayor centro docente del país.
Para la comunidad, es insostenible que la institución lleve cinco años estableciendo medidas de reestructuración y aumentos de matrícula, mientras ha sido incapaz de establecer al máximo alguna política que allegue fondos no relacionados a la matrícula. Ambos profesores y estudiantes se refieren a que la OTI a penas está comenzando un plan piloto de transformación administrativa.
