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Organizaciones civiles repudian arresto ilegal, frívolo y abusivo de joven protestante

Diversas organizaciones civiles denunciaron que el jueves 12 de mayo, el joven Jadiel Torres, miembro del Campamento Resistencia, se encontraba junto a un grupo de jóvenes activistas que llevan un mes denunciando el desplazamiento y la gentrificación en Puerta de Tierra, se manifestaba ante el legislador Carmelo Ríos frente al Capitolio cuando éste ordenó a la Policía estatal arrestarlo. Dos agentes de la Policía de Puerto Rico siguieron las órdenes de Ríos a pesar de que éste no es ni comisionado ni comandante en jefe ni supervisor de la Uniformada. Los hechos ocurrieron en la acera y en una calle estatal que constituyen un foro público tradicional.

Durante el arresto, la Policía le provocó heridas leves al joven, por lo que tuvieron que llevarlo al hospital. Durante más de cuatro horas, tanto en el hospital Hoare como en el cuartel de la calle Cerra en Santurce, la Policía le negó a Jadiel su derecho a hacer una llamada y a hablar con un abogado a pesar de que el Licenciado Manuel Moraza, la representante Mariana Nogales y una observadora de Brigada Legal Solidaria estuvieron en ambos sitios procurándolo. Durante todo ese tiempo la Policía se negó a informar sobre el paradero del joven. No fue hasta la noche, después de ir a distintos cuarteles, que se supo en qué cuartel se encontraba. 

Las organizaciones civiles que denunciaron este hecho aseguran que les preocupa sobremanera varios asuntos que son patrones en la Policía de Puerto Rico. Cuando se trata de personas que protestan, la Policía a menudo hace arrestos ilegales, frívolos, que sabe no prosperarán y cuyo único propósito es castigar y disuadir a las personas que ejercen el derecho fundamental a la protesta. En esta ocasión, tampoco es ni legal, ni aceptable, ni razonable que el señor Carmelo Ríos le dé instrucciones a la Policía de Puerto Rico y que ésta a su vez proceda a arrestar a un muchacho que simplemente protestaba hablando por un megáfono.

En ausencia de la presentación de cargos criminales por parte de la Policía, este arresto constituye una detención ilegal impermisible. La Policía sabe que no tiene causa para el arresto pero lo lleva a cabo en lo que parece más una forma de castigo y disuasión. Hacen a la persona perder horas de su vida privada de libertad ilegalmente, los abogados de Brigada Legal Solidaria se movilizan, no les permiten hablar con el joven arrestado y las acciones ilegales de la Uniformada no tienen consecuencias. ¿Quién responde por estas violaciones de derechos de la Policía? En este momento en Puerto Rico, nadie. Utilizar a la Policía para desalentar el ejercicio democrático de la protesta es anti-constitucional y, por lo tanto, es inaceptable en un país con aspiraciones democráticas”, indicaron indignadas las organizaciones civiles ante este caso.

Las democracias dependen de que el Estado garantice los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Una Policía que arresta sin causa a personas que protestan pacíficamente es una Policía totalitaria que actúa en la ilegalidad. En el caso de Puerto Rico, esto se une a un estado perenne de impunidad que reina en la Uniformada pues no existe un cuerpo independiente de supervisión con mecanismos de investigación y rendición de cuentas. Esto, más la complejidad de llevar a cabo reclamos civiles en Puerto Rico tras la aprobación de PROMESA y del plan de ajuste de la deuda, ha dejado a la ciudadanía en un estado de precariedad y vulnerabilidad en el que prácticamente no puede ejercer sus derechos fundamentales ni obtener remedios por violaciones de derechos civiles. 

En este contexto, en el que llevamos años perdiendo derechos, en depresión económica y austeridad, crisis sociales y de cambio climático, atravesando huracanes, terremotos, negligencia crasa del Estado, actos de corrupción y pandemia, el derecho a protestar se vuelve cada vez más esencial para que la gente reclame los cambios urgentes que requieren para su país y sus vidas. 

“Hacemos un llamado a que el gobierno de Puerto Rico cese y desista de violentar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta y encamine un proceso confiable e independiente de rendición de cuentas en la Policía de Puerto Rico por ésta y todas las violaciones a la libertad de expresión en que ha incurrido ese cuerpo durante los últimos años”, indican las organizaciones.

Varias de las organizaciones firmantes han documentado estas violaciones extensamente. En el sitio web Evidencialaviolencia.org se puede acceder a una base de datos, historias y testimonios sobre intervenciones violentas o discriminatorias de parte de la Policía  incluyendo las violaciones al derecho a la protesta de los últimos años. El caso documentado de Jadiel Torres se puede acceder en este enlace.

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