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Organizaciones ambientales reclaman a la jueza Swain que no apruebe el plan de deuda

Un grupo de 27 organizaciones ambientales y sociales le han solicitado a la jueza Laura Taylor Swain que no apruebe el plan del pago de la deuda, o lo modifique radicalmente, debido a las consecuencias adversas para los recursos naturales y la salud ambiental que conlleva.

Swain tiene a su cargo aprobar la Octava Enmienda al Título III del Plan de Ajuste de la Deuda que fue sometida por la Junta de Control Fiscal a principios del mes pasado.

“El Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) propuesto por la Junta no solo nos expone a un pago insostenible de la deuda, además nos quiere obligar a implementar reformas estructurales que le harán mucho daño al pueblo de Puerto Rico, incluyendo nuestro medio ambiente. En esta carta, las organizaciones ambientales también alzan su voz y alertan que la aprobación del Plan de Ajuste ocasionará daños mayores», expresó Eva Prados, del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. 

En la carta, las organizaciones sostienen que este nuevo plan incluye realizar cambios a leyes laborales, de impuesto y regulaciones para permitir que nuevos desarrollos se lleven a cabo en Puerto Rico, a través del desmantelamiento de procesos de permisos. 

Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente-Enlace Latino de Acción Climática comentó que «queremos llamar la atención a las consecuencias nefastas que el Plan de Ajuste va a tener en la salud, el ambiente y nuestra capacidad de atender el cambio climático. El asunto de la deuda de Puerto Rico también es un asunto ambiental. Por eso, le pedimos a la jueza que preste mayor atención a este tema según lo evalúa, particularmente el impacto que tendrá la flexibilización de los permisos de construcción y las regulaciones que protegen el ambiente y a las comunidades».

El propósito de este nuevo plan es traer negocios con la esperanza de que se cree un excedente monetario para la mejora económica de Puerto Rico. Sin embargo, Amy Orta Rivera, también de  El Puente, señaló que “mientras en otros países están evaluando métricas para viabilizar el desarrollo sostenible en el sector turístico para proteger a los locales y a sus recursos naturales, en Puerto Rico buscan sentenciar a muerte a uno de los atractivos más importantes para los turistas: los ecosistemas y su biodiversidad”.

La Junta de Control fiscal utiliza, como parte de sus razones para validar este nuevo plan, una publicación del Banco Mundial, Doing Business, en la cual se dedican a medir a los países a base de cómo los cambios en regulaciones ayudan a atraer negocios. Sin embargo, en septiembre de este año, el Banco Mundial descontinuó la publicación de los reportes de Doing Business por alegadas irregularidades éticas encontradas entre 2018 y 2020.

El abogado ambientalista Pedro Saadé afirmó que “tanto el Gobierno de Puerto Rico, particularmente el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, como la Junta de Control Fiscal utilizan el ajuste de la deuda como excusa para aprobar y construir proyectos sin límites, afectando así áreas naturales y la salud ambiental. A la larga esto afecta a Puerto Rico y hace menos factible aún el pago de la deuda en el futuro”.

La Reverenda Sary Rosario, de la Hermandad Pastoral de Puerto Nuevo, se expresó en contra del Plan de Ajuste ya que “las personas que vivimos en comunidades vulnerables donde se carece de ecojusticia, estaríamos más expuestas a la degradación de nuestro medio ambiente y por consiguiente de nuestra salud si estas regulaciones ambientales son eliminadas. Sería nefasto para el desarrollo integral y sostenible de Puerto Rico que perdamos las pocas leyes y regulaciones de acceso a la justicia ambiental que actualmente nos cobijan”, dijo.

Las organizaciones finalizan la carta solicitando a la Jueza Swain que rechace el plan de la Junta de Control Fiscal. Dicha carta fue firmada por 27 organizaciones de justicia social y ambiental.

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