La organización ambiental “Para la Naturaleza”, aseguró que tiene una grave preocupación sobre la venta de terrenos dentro de la Reserva Natural Punta Ballena, Guánica / Yauco, colindantes con la propiedad Punta Ballena, que está bajo el manejo de dicha organización.
“Queremos advertirle a la ciudadanía que los terrenos están clasificados como Suelo Rústico Especialmente Protegido Ecológico y Paisaje (SREP-EP) por el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico de 1975 y están regulados con un distrito de Conservación de Recursos del Reglamento Conjunto de 2010 y además del Distrito Sobrepuesto APE-RC, Distrito Sobrepuesto del Área de Planificación Especial Restringida del Carso, según lo establecido por el Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso (PRAPEC).
La Reserva Natural Punta Ballena contiene una gran diversidad de ecosistemas, como manglares salitrales, lagunas, radas, playas y un matorral costero. La mayor cobertura del área es bosque seco, donde predominan especies adaptadas para sobrevivir bajo condiciones climatológicas extremas.
Estos ecosistemas sirven de hábitat para numerosas especies raras, amenazadas o en peligro de extinción, como el sapo concho, el guabairo, la mariquita y el manatí. Distintas tortugas marinas utilizan sus playas como áreas de anidamiento. Hay 136 especies de aves documentadas en la zona, que incluyen 12 especies endémicas y numerosas aves migratorias, que ha convertido a la Reserva en parte del Área Importante para las Aves del Caribe, delimitada por BirdLife International.
Las 167 cuerdas de terrenos que componen la Reserva Natural Punta Ballena están bajo el manejo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y su unidad Para la Naturaleza, tras una alianza con el Programa de Patrimonio Natural del Departamento de Recursos Naturales que en el 1991 otorgó la servidumbre al Fideicomiso, luego que los predios estuvieron amenazados por el desarrollo de un complejo turístico.
Bahía Ballena fue designada Reserva Natural por el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Planificación en octubre de 1997.
Cualquier desarrollo propuesto debe cumplir con las disposiciones reglamentarias de uso de suelo, y con las establecidas por los planes de manejo, que limitan drásticamente los usos posibles, sin comprometer los ecosistemas de la reserva y las delicadas especies que los habitan.
