Construcción sobre la cueva colondrinas. Foto a Bonita Radio
El pasado 20 de mayo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ordenó la paralización y demolición de las estructuras construidas sobre la Cueva Golondrinas, en Aguadilla, una operación que estaba en violación a la Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas y Sumideros.
Gracias a la voz de alarma levantada por grupos ambientalistas y por la denuncia presentada a finales del mes de abril por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) la obra ahora puede tener sus días contados.
El caso saltó al conocimiento público a raíz de una denuncia del PIP, colectividad que radicó una querella ante el DRNA denunciando la tala de árboles, la remoción de terreno y la contaminación de las aguas en los predios aledaños al muelle de azúcar, cercano a la Playa Tamarindo, en la costa de Aguadilla.
Tras la orden de paralización decenas de manifestantes se dieron cita el pasado fin de semana en el entorno de la cueva, en el barrio Borinquen, para protestar contra esta edificación que ahora, gracias a la determinación del DRNA, deberá paralizarse.
Según los ambientalistas esta obra estaba poniendo en riesgo la estructura de la cueva y el filtrado natural de sedimentos, amén de haber deforestado una zona amplia para el desarrollo del proyecto.
El proyecto corresponde a la empresa Aguadilla Pier Corp, a través del desarrollador Carlos Román González, responsables de la construcción sobre la cueva, que ubica al lado del famoso muelle colgante de Aguadilla por donde antaño se exportaban mercancías y productos agrícolas de la región.
El DRNA otorgó 10 días al promotor de este complejo vacacional y zona para bodas y fiestas para que conteste la resolución y presente los permisos que alegan tener, y al mismo tiempo la demolición de las estructuras en o antes de 30 días.
La secretaria interina de la agencia, Anaís Rodríguez expresó en comunicado de prensa que “no hay violación ambiental pequeña, todas impactan y debemos detenerlas”.
Atentados ambientales e inversionismo político
El pasado 29 de abril, un mes antes de esta orden, Eliezer Ríos Santiago, presidente del Comité de Aguadilla del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y legislador municipal en ese pueblo, levantó la voz de alarma sobre la relación de Román Rodríguez con algunos políticos locales y nacionales.
Según datos del Contralor Electoral, el promotor financió las campañas de políticos como Rivera Guerra (PNP) y Julio Roldán (PPD) para la alcaldía de Aguadilla, la de Carlos Delgado Altieri (PPD) para la gobernación o la de Wanda Vázquez (PNP) en primarias.
Como en otras ocasiones donde se han cometido ocupaciones de espacios naturales, como el caso del condominio Mar y Sol de Rincón, también paralizado gracias a la protesta ciudadana, la relación entre violaciones a la ley ambiental e inversionismo político ha sido denunciada por estos grupos de defensa ambiental.
En ese sentido, el PIP también ha insistido en la urgencia de aprobar el Proyecto del Senado 43 que propone una moratoria de construcción en las costas.
El Secretario de Asuntos Ambientales del PIP, Víctor Alvarado Guzmán, expresó que “no podemos tratar estos casos como si fueran aislados, esto es un problema sistemático que hay que atender desde la raíz y este es el primer paso: establecida la moratoria hay que trabajar sobre el proyecto de la Ley de Costas”.
