El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, licenciado Luis Javier Hernández Ortiz, dirigió hoy un encuentro de alcaldes para atender varios temas, entre ellos una reunión con personal de Rural Development del Departamento de Agricultura Federal y del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Al finalizar el encuentro, se atendió a la prensa, donde el tema principal fue el $1 millón prometido por el gobernador Pedro Pierluisi a los municipios, paliar los gastos relacionados al huracán Fiona.
“Ese compromiso del Gobernador lo hizo con todos los municipios, de ambos partidos, y resulta que eso no se había cuadrado con la Junta de Supervisión Fiscal, que le negó al Gobernador dicha erogación de fondos. Como él siempre alegó tener muy buenas relaciones con los miembros de la Junta, pues que ejerza buena relación por el bienestar del país. Nosotros estamos a la espera. Esos fondos son para atender lo que quedó pendiente de Fiona”, señaló el también alcalde de Villalba.
Por su parte, el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, insistió en el reclamo de acceso al servicio de agua potable en la Comunidad Corea, que lleva 40 años sin servicio de agua potable, y aunque en los años 90 se inició un proyecto a esos efectos, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) canceló el mismo por alegada falta de fondos. Una Resolución Conjunta del senador Ramoncito Ruiz Nieves para asignar fondos, aprobada por la Legislatura, fue vetada por el gobernador Pierluisi.
Gonsález Souchet aseguró estar cansado de escuchar promesas incumplidas y de la inacción del gobierno central así como de la AAA. “Por décadas los residentes del Sector Corea al igual que otras comunidades peñolanas sufren la carencia de un servicio de agua potable que sea digno. Las acciones para resolver el problema son nulas y si hay tantos millones en fondos públicos que se anuncian constantemente, ¿cómo es posible que para proveerle agua potable a la gente de la Comunidad Corea no haya fondos?”, se cuestionó el Alcalde.
En el encuentro se atendió el tema del programa CRIM 360 y sobre el impuesto al inventario. Con relación a la distribución de dichos fondos, la Junta del CRIM discutirá el análisis del proyecto con el pleno de los alcaldes, previo a la presentación a la Legislatura. El pasado 9 de marzo, la Junta de Gobierno del CRIM aprobó sustituir la fórmula actual, mediante la cual se calcula el impuesto sobre inventario a base del valor del inventario promedio anual, por una alternativa alterna en la que los comercios tributen solo sobre el costo del inventario vendido. El impuesto sobre inventario es una fracción de la totalidad de la contribución mueble y representaba unos $230 millones anuales para los municipios, provenientes en su mayoría, de grandes comercios.
