La Alianza de Empleados Activos, Jubilados y Movilizados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) expresó su indignación al veto dado por el gobernador Pedro Pierluisi al Proyecto de la Cámara 1383 que evitaba aumentos en la factura de la luz recortando el 75% de la deuda no asegurada de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), además protegía las pensiones presentes y futuras de los empleados y promovía la transición a energía renovable.
“Es una lástima que el Gobernador con estas acciones demuestra seguir siendo el abogado de la Junta de Control Fiscal y le permita todos sus caprichos, en lugar de dar alivio a los puertorriqueños firmando este proyecto que evitaba más aumentos en la factura y establecía una tarifa fija no mayor de 20 centavos el kilovatio hora. Pedro Pierluisi con estas acciones no ha podido demostrar ser el gobernador de los puertorriqueños”, indicó Ángel Figueroa Jaramillo portavoz de la Alianza y presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, (UTIER).
Figueroa Jaramillo explicó que la firma de este proyecto era vital para evitar más aumentos en la factura y lograr una reestructuración de la deuda de la AEE que no tuviera tanto impacto para el país.
“Este proyecto tenía el apoyo de grandes sectores y de 70 organizaciones políticas, civiles, sindicales, ambientales y sociales. La firma del PC 1383 le daba una oportunidad única al Gobernador de crecerse y defender los intereses del Pueblo por encima de los bonistas y de la Junta. Este proyecto imponía condiciones al proceso de la reestructuración de la deuda de la AEE, agrupando todas las partes esenciales de la política pública y ley vigente de Puerto Rico para asegurar que no surja otro acuerdo nefasto, como lo fue el cancelado Restructuring Support Agreement (RSA)”, puntualizó.
“En el proceso del RSA, vimos fracasar dos veces la táctica de la Junta de Control Fiscal de negociar con los bonistas sin el insumo de otros acreedores y sin la participación de la Asamblea Legislativa. Al vetar este proyecto, el Gobernador se ha puesto en la posición de responder políticamente por los desastres que puedan surgir de un nuevo acuerdo con los bonistas. De igual manera, nos ha puesto a nosotros en la situación de sufragar la deuda de la AEE mediante aumentos en tarifas que sean dedicados solamente al pago de los bonistas, de esa manera impidiendo que nuestro dinero se utilice para garantizar un servicio eléctrico de calidad, resiliente y basado en energía renovable. Esto, sin hablar de las 18,000 familias que dependen de las pensiones de los trabajadores de la AEE y cuyo sustento se ve en peligro por el afán de la Junta de Control Fiscal de cortar pensiones antes de cortar deuda ilegal”, enfatizó.
El líder de la UTIER insistió en que “ahora más que nunca, y luego de darle la espalda al pueblo, hay que retomar la calle y salir mañana a las 9:00 a.m. al Capitolio a exigir no más aumentos en la factura y la indignación ante el veto del Gobernador”.
Por su parte, el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, asesor legal de la UTIER y abogado experto en PROMESA explicó que la medida fue rechazada por la Junta de Control Fiscal y vetada por el Gobernador sin un análisis concienzudo del derecho aplicable.
“Tanto la Junta como el Gobernador quieren representar que el P. C. 1383 es contrario a la Ley PROMESA. Nada más lejos de la verdad. La Asamblea Legislativa utilizó uno de los pocos poderes que PROMESA le dejó para buscar que cualquier acuerdo con los bonistas sea justo y respete tanto las prioridades de la quiebra como las necesidades del Pueblo”, relató.
Emmanuelli Jiménez insistió que “en repetidas ocasiones, la Jueza Laura Taylor Swain ha manifestado que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de obstruir la labor de la Junta, de manera que no se concentre todo el poder decisional sobre esta y se pueda dar un espacio a nuestros líderes electos. Ahora quedará por verse si la Legislatura tiene suficiente compromiso con la medida que aprobaron como para ir por encima del veto del Gobernador”.
