Dr. Edgar León
En los últimos años, varias universidades alrededor del mundo han optado por eliminar la figura de la presidencia y automatizar sus procesos administrativos con el objetivo de ahorrar dinero y evitar despidos de facultad o la eliminación de cursos.
Una de las universidades pioneras en esta estrategia fue la Universidad de California en San Francisco (UCSF), que en 2017 eliminó la posición de presidente y reorganizó su estructura de liderazgo para ahorrar más de $1 millón de dólares anualmente. En lugar de un presidente, la universidad cuenta ahora con un equipo de liderazgo conformado por un director ejecutivo y cuatro vicepresidentes, lo que ha permitido una toma de decisiones más rápida y eficiente.
Otra universidad que ha adoptado esta estrategia es la Universidad de Purdue en Indiana, que implementó un sistema de automatización de procesos administrativos en 2018 para ahorrar $40 millones de dólares anuales en costos operativos. La universidad ha logrado reducir el tiempo y los recursos necesarios para procesar solicitudes y documentos, lo que ha mejorado la experiencia del estudiante y del personal administrativo.
En Europa, la Universidad de Oslo en Noruega también ha adoptado medidas similares para ahorrar costos y mejorar la eficiencia de sus procesos administrativos. En 2020, la Universidad eliminó varios puestos de liderazgo y automatizó procesos clave en áreas como la nómina y la gestión de recursos humanos, lo que ha permitido reducir costos y mejorar la experiencia del personal.
Si bien la eliminación de la figura de la presidencia y la automatización de procesos administrativos puede ser vista como una medida radical, estas universidades han logrado reducir costos y mejorar la eficiencia de sus operaciones sin afectar la calidad de la educación o los servicios ofrecidos a los estudiantes. Además, han evitado despidos de personal académico y la eliminación de cursos, lo que ha permitido mantener su compromiso con la educación superior y la investigación.
El sistema central de la Universidad de Puerto Rico tiene cerca de nueve vicepresidentes los cuales duplican los trabajos y sirven de pared para que los recintos puedan trabajar de forma eficiente. Los millones que vienen del gobierno y el dinero que se obtiene con investigaciones se le quitan millones de dolares a los recintos para mantener una estructura que ya no se justifica ni es mencionada por la Middles States Comission on Higher Education.
En la administración central, cuando hay que buscar dinero, rapidamente se cortan programas académicos y se despide facultad en vez de reducer la administracion central. Se le miente al pueblo dicendo que la agencia acreditadora le exige tener un sistema central de administracion. Eso es una mentira que se puede corroborar con los informes de la Middle States Comission on Higher Education. Lo único que exige es una gobernanza eficiente y que cada rector de recinto firme como CEO de la misma. En nigún lugar aparece la presidencia como una exigencia.
El informe destaca que la UPR, siendo la institución más grande y reconocida en Puerto Rico, tiene una gran responsabilidad en la educación de los estudiantes y la formación de líderes en la sociedad. Sin embargo, la MSCHE ha señalado varias áreas en las que la UPR necesita mejorar para cumplir con los estándares de calidad requeridos.
Una de las principales preocupaciones de la MSCHE es la estabilidad financiera de la UPR. La organización ha señalado que la universidad ha estado lidiando con dificultades financieras desde hace varios años, y ha estado recurriendo a préstamos y reducciones de presupuesto para mantenerse a flote. La MSCHE recomienda que la UPR desarrolle un plan financiero sólido para asegurar su viabilidad a largo plazo.
En estos momentos, hay que cerrar la administracion central, eliminando la presidencia, las 9 vicepresidencias y puestos políticos que duplican lo que se hace en los recintos. Se debe usar ese dinero ahorrado para mantener la facultad actual, dar permanencias, contratar nueva facultad, automatizar procesos administrativos y continuar con las investigaciones.
Cada recinto puede y debe buscar fondos externos sin tener la intervención y la interferencia política de la administración central.
