Es inevitable el cese de operaciones en el Centro de Rehabilitación Vocacional de Centro Médico en Río Piedras, que busca que personas con diversidad funcional alcancen empleos y vida independiente. Este Centro atiende las necesidades de casi 40 % de las personas que requieren servicios de rehabilitación vocacional en Puerto Rico, según trascendió el viernes en una vista pública de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, presidida por el senador independiente José A. “Chaco” Vargas Vidot. Al momento, se habla del traslado de los servicios al edificio Mercantil Plaza en San Juan a pesar de que las personas que se benefician del Centro han alertado que la mudanza resultaría en inaccesibilidad, entorpecimiento y disminución en los ofrecimientos.
Aunque se conoce que el Centro de Rehabilitación Vocacional de Centro Médico (cuyo nombre oficial es Centro de Avaluación y Ajuste de San Juan) está deteriorado, Vargas Vidot argumentó que la condición física del edificio responde a años de descuido por parte del gobierno y la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), quien nunca invirtió en el mantenimiento y restauración del inmueble. De acuerdo con el senador independiente, la inacción de ARV en cuanto al deterioro del edificio se agravó por el huracán María y la pandemia, y ha provocado una reducción paulatina de servicios.
En la vista pública, la administradora de rehabilitación vocacional, María Gómez García, adjudicó el traslado a que una parte del edificio actual está en desuso y a que el resto de la facilidad no es necesaria para la prestación de servicios. Esto, a pesar de los reclamos que surgen sobre los pocos y limitados servicios que el Centro ofrece en el presente. Gómez García alegó que la mudanza a Mercantil Plaza le supondría a la agencia un ahorro de más de $180 mil anuales. La administradora, además, explicó que la ARV tiene restricciones en el uso de fondos federales ya que la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) es propietaria del edificio actual.
El acceso a esos fondos federales y la permanencia del Centro de Rehabilitación Vocacional en los predios de Centro Médico dependían de un contrato de arrendamiento por $1 durante 20 años que ARV pidió a ASEM. Con ese contrato, se garantizaría la continuidad de los servicios del Centro en Río Piedras. Sin embargo, el director ejecutivo de ASEM, Jorge Matta, informó que la Junta de Entidades Participantes del Centro Médico denegó ese contrato de arrendamiento. Ante esto, la Comisión solicitó que ASEM entregue la minuta de la reunión en la que se denegó el contrato con el propósito de conocer las razones de la determinación.
El presidente de la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (CADFI), David Figueroa, argumentó que el traslado de los pocos servicios que el centro todavía ofrece incumpliría con la Ley Federal para Personas con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Mientras, destacó que el edificio a donde posiblemente se muevan los servicios cuenta con un estacionamiento distante y no tiene espacio para restablecer servicios que antes se proveían, como lo son hospedaje y rehabilitación física. Asimismo, el juez del Tribunal de Apelaciones, Roberto Rodríguez Casillas, afirmó que, como persona que recibió servicios del Centro luego de quedar cuadripléjico por un accidente, ha atestiguado que no existen facilidades adecuadas para que las personas con diversidad funcional puedan “echar pa’lante”. Reiteró que el edificio Mercantil Plaza no es apropiado para dar servicios para personas con diversidad funcional.
En la audiencia del viernes, se cuestionó si la ARV realizaría conversatorios o vistas públicas para conocer el sentir de la comunidad en cuanto a la mudanza de la facilidad. Sin embargo, ante preguntas de Vargas Vidot, ARV admitió que ya cuentan con un esquema conceptual de las nuevas facilidades en el Mercantil Plaza; lo que, según el senador independiente, “da la impresión de que la decisión ya está tomada y es por el bien de la administración y no por el bien de los pacientes”. Incluso, en su memorial, ARV expresó que ya acordó entregar el edificio a ASEM.
Vargas Vidot sentenció que “aquí ha habido faltas de todas las esferas gubernamentales. No se trata de ahorrarle dinero a la agencia, sino de garantizar servicios esenciales a más de 1,000 personas que acuden al Centro de Rehabilitación Vocacional de Río Piedras para salir adelante. Ahora mismo, lo que impera es una gran incertidumbre, confusión y desinformación porque no sabemos qué, realmente, ha hecho ARV, cuándo se efectuará la mudanza, cuándo cesarán los servicios en Centro Médico o si en la nueva estructura se prestarán los mismos servicios que en Centro Médico. ARV asegura que el nuevo edificio cumple con las disposiciones de la ley ADA cuando ni siquiera hay un diseño concreto del nuevo espacio ya que ese trabajo apenas comenzó el 29 de marzo de este año. Como parte de los esfuerzos de la Comisión, pedimos la certificación de cumplimiento con ADA y otros documentos a ARV y ASEM. Seguiremos indagando sobre cómo estas decisiones afectarán los servicios de cientos de personas”.
