La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores inició hoy, miércoles, el proceso de vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 477 que busca realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo por parte de la Rama Ejecutiva de todos los aspectos relacionados a la pandemia del COVID-19.
La presidenta de la Comisión, Lisie Burgos Muñiz, concentró los trabajos de la vista en testimonios de ciudadanos y profesionales de la salud sobre ‘’los efectos adversos de las vacunas’’.
‘’Tenemos que defender nuestra democracia, ser más incisivos en medidas preventivas y no permitir que nada sea obligatorio. El Gobierno ha manejado este asunto de una manera muy errática provocando que el pueblo y la ciudadanía pierda su confianza ante un tema tan importante para el país’’, expresó Burgos Muñiz.
A la audiencia pública compareció la Dra. Rosalina Valcárcel-Ruiz, la Dra. María de los Ángeles González, el Dr. Rafael Iriarte y el ciudadano José Meléndez Merced. Todos en contra de la vacunación, el uso de las mascarillas y los procesos de cuarentena.
Por su parte, Iriarte expuso que ‘’todas las medidas que se han tomado en el manejo del COVID-19 en Puerto Rico carecen de base científica, violan principios fundamentales de medicina, salud pública y ética, causando mayores daños que los cuestionables beneficios que hayan podido tener para la mitigación del virus’’.
‘’Es incomprensible que se persista en decir de manera categórica que las vacunas contra el COVID-19 son eficaces y seguras, y que se insista en decir que la anterior aseveración es evidente. Es incompresible que se sigan promoviendo el uso de estas inoculaciones’’, agregó.
Asimismo, Valcárcel-Ruiz destacó que ‘’con toda la evidencia que existe es pertinente evaluar y plantear de manera inmediata y urgente la necesidad de investigar el manejo por parte de la Rama Ejecutiva sobre el tema del COVID’’.
Ante esto, la doctora recomendó paralizar los procesos de vacunación en la población puertorriqueña. ‘’Es menester recordar que por muchas menos muertes y efectos adversos se han eliminado vacunas previamente, como la vacuna contra la influenza’’.
En tanto, de los Ángeles González indicó que del Informe Estadístico de solicitud de servicios de salud mental a través de la Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), para el año 2018 -antes de la pandemia- se recibieron 83,791 llamadas. En el informe del 2019 -primer año de la pandemia- se reportaron 310,655 llamadas y en el 2020, 903,000.
‘’El estado de emergencia tiene que terminar de inmediato. La legislatura y la judicatura tienen que asumir sus deberes constitucionales. La democracia tiene que recuperar el balance de poderes’’, enfatizó la doctora.
