El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó el Proyecto del Senado 344, convirtiéndolo en la Ley 47-2022, que abre paso a una reforma al sistema de justicia juvenil con la meta de abandonar los métodos punitivos y permitir que la isla se acerque a una justicia restaurativa. La pieza legislativa –radicada desde la oficina del senador independiente, José A. “Chaco” Vargas Vidot, con autoría y apoyo de miembros de tres delegaciones en el Senado– enmienda la Ley de Menores y las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores para que se acojan estrategias de rehabilitación.
La nueva ley establece que el Tribunal de Menores solo podrá procesar por faltas a menores que ya hayan cumplido 13 años. Antes de la firma de esta ley, no existía una edad mínima para que el Tribunal de Menores adquiriera jurisdicción sobre casos de menores, por lo que niños y niñas en edades muy tempranas podían ser procesados por el Estado. Entretanto, la ley dispone que, cuando ocurra una situación en un plantel escolar público o privado, se deberán agotar todos los remedios administrativos internos antes de que se presenten querellas contra menores. Así, menos niños y niñas serán expuestos a procesos judiciales que pueden prevenibles y que, de otra forma, implican una gran carga emocional.
La ley, asimismo, establece la mediación como método alterno para la solución de conflictos. De ahora en adelante, con la ayuda de un facilitador imparcial, las partes involucradas en un conflicto podrán alcanzar acuerdos que pongan fin a un problema, a través conversaciones que minimicen los estigmas y traumas de los procedimientos judiciales.
Vargas Vidot expresó que las restricciones físicas o encadenamientos a los que se someten muchos menores en custodia son humillantes, estigmatizantes y contrarios a los objetivos de rehabilitación. Ante eso, la ley prohíbe el uso de restricciones mecánicas (cadenas y esposas) en los procedimientos de menores y regula los criterios para determinar los momentos en lo que se utilizarán de forma excepcional. De igual forma, ahora estará prohibido el confinamiento solitario de menores durante su periodo carcelario y el uso de gas pimienta en su contra. Sobre esa disposición, el senador independiente argumentó que, si el empleo de gas pimienta y confinamiento en solitario es nocivo para la población adulta, para la población juvenil es casi mortal. “Sabemos que estas tácticas son punitivas, no le abren la puerta a la reinserción social productiva ni al desarrollo de esos menores e, incluso, podrían provocar suicidios. La eliminación de estas estrategias es fundamental mientras seguimos avanzando hacia un sistema, verdaderamente, rehabilitador”, añadió.
Por otro lado, la Ley 47 atempera los términos para la celebración de la vista de determinación de causa probable para la radicación de querellas. También, reduce los términos para la celebración de vistas en alzada para menores bajo la custodia del Negociado de Instituciones Juveniles. Con estas disposiciones, se evitará que tantos menores sean expuestos a procesos inapropiados para sus edades; ahora, tendrán acceso a procedimientos justos, rápidos y económicos.
Esta reforma al sistema de justicia juvenil establece requisitos mínimos para los momentos en los que el Estado celebre vistas en ausencia de los menores implicados. Antes de que la ley entrara en vigor, no existían requisitos mínimos para las instancias en las que los menores estaban ausentes para sus vistas. Esto viabilizaba desigualdades legales y jurídicas en los casos de menores, quienes, de acuerdo con Vargas Vidot, son más propensos que los adultos a ser procesados por el Estado.
Además, la ley elimina las renuncias mandatorias de jurisdicción. Previo a que el gobernador estampara su firma en la Ley 47, la Ley de Menores permitía que los menores fueran juzgados como adultos de forma automática, sin que mediara discreción del tribunal ni alguna otra consideración.
“Después de varios años intentando, por fin, en Puerto Rico, es ley el proyecto que atemperará la Ley de Menores a la tendencia internacional de humanizar los procesos y de acoger el concepto de justicia restaurativa. Hoy, podemos mirar la Ley de Menores desde la solidaridad, desde el amor y desde la transformación. Para mí, hablar de luchar por los menores sin una acción contundente, real y concreta, es mantenerse en el hipócrita escenario de los estribillos que hablan mucho, pero no dicen nada. Se acabó el tiempo en el que se enjuicien niños y niñas por problemas sociales que no se resolverán encarcelándoles”, concluyó Vargas Vidot.
