A continuación, expresiones del director ejecutivo de la AAFAF, Omar J.
Marrero, sobre la sentencia del Tribunal del Título III en torno a la impugnación
de embargos de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica:
Después de rescindir el inviable acuerdo de apoyo a la reestructuración
ejecutado en 2019 con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”),
el Gobierno abogó por un litigio acelerado para determinar los derechos y
reclamaciones de los bonistas de la AEE bajo sus acuerdos y el Título III de
PROMESA. La decisión del Tribunal de Título III dictada hoy valida la
determinación del Gobierno de terminar dicho acuerdo.
Hoy, consistente con los argumentos del Gobierno, el Tribunal de Título III
determinó que los gravámenes de los bonistas de la AEE están limitados a los
fondos depositados en cuentas específicas establecidas bajo el Contrato de
Fideicomiso que rige los bonos de la AEE. El Tribunal determinó, contrario a los
argumentos de los bonistas, que éstos no tienen un gravamen o interés
propietario en los ingresos futuros de la AEE.
El Gobierno está complacido que el Tribunal reconoció las importantes
limitaciones sobre los gravámenes y reclamaciones de los bonistas. Si bien el
Tribunal concluyó que los bonistas tienen un reclamo de deficiencia no
garantizado contra los “Ingresos Netos” de la AEE, el Tribunal determinó que el
valor de ese reclamo debe determinarse a través de un litigio o negociación
posterior con referencia tanto al Contrato de Fideicomiso como a la ley
aplicable. El Tribunal reconoció que cualquier tarifa debe ser razonable y que los
ingresos de la AEE deben utilizarse en primer lugar, para mantener, reparar y
operar el sistema eléctrico de manera eficiente y económica.
El Gobierno continúa analizando la decisión del Tribunal y los próximos pasos
en el caso de Título III de la AEE, incluyendo el impacto de la decisión en el
proceso del plan de ajuste. No obstante, esta determinación representa una
victoria importante para nuestro Gobierno y un paso más en viabilizar la salida
de la Autoridad del Título III. El Gobierno continuará defendiendo los mejores
intereses de Puerto Rico y luchando por una AEE reestructurada que no sea una
carga para nuestra economía, negocios y familias. Además, el Gobierno seguirá
defendiendo las funciones del Negociado de Energía de Puerto Rico como
regulador independiente de la AEE y determinador de las tarifas apropiadas de
energía eléctrica.
