Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado y la Cámara de Representantes, María de Lourdes Santiago Negrón y Denis Márquez Lebrón, respectivamente, sometieron una resolución para investigar el polémico campo de tiro propuesto para construirse en la comunidad Ranchos Guayama de Salinas, por la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA).
Según establecen la RS 485 y la RC 702, presentadas por el PIP, los vecinos de la comunidad de Ranchos Guayama “han manifestado su oposición a la construcción del campo de tiro propuesto, asegurando que no fueron notificados sobre la intención de construir dicho proyecto, y que se enteraron cuando se comenzó a excavar en el área y remover grandes cantidades de terrenos”.
También existe una preocupación sobre el efecto que tendría el desarrollo y funcionamiento del campo de tiro, que según su proponente sería el más grande del Caribe, sobre la tranquilidad y el bienestar de la comunidad, el impacto al acuífero del sur, y la posible violación de Ley Núm. 242 de 9 de agosto de 2008, conocida como la Ley de Reservas Agrícolas en el Corredor Agrícola de la Costa Sur de Puerto Rico.
La Oficina Regional de Permisos Cayey-Coamo-Villalba-Salinas, informó el 10 de septiembre de 2021, que al realizar varias inspecciones se encontró que en el lugar se realizaba una construcción para campo de tiro sin los debidos permisos requeridos, por lo que la misma fue detenida.
Según el Secretario de Asuntos Ambientales del PIP, Víctor Alvarado Guzmán, CODEPOLA violó el único permiso que tuvo el año pasado.
“En el Permiso Simple para Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), se estableció que la profundidad máxima que podía ser alcanzada en el área de extracción era igual a 0.10 metros equivalente a 4 pulgadas de profundidad para la limpieza de capa vegetal. Sin embargo, la remoción y extracción de terrenos que hizo CODEPOLA fue mucho mayor a lo permitido y cambió completamente la topografía del lugar con excavaciones de más de 10 pies. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) recibió una querella de la comunidad al respecto, pero al día la agencia no ha sometido un informe final sobre esta posible violación del permiso”, explicó.
“Ante la inacción por parte del DRNA y la insistencia del proponente de seguir construyendo sin tener permisos, es importante que la Legislatura realice una investigación, antes de que el ambiente sufra daños adicionales irreversibles y que la comunidad se vea afectada por esta terrible propuesta”, añadió Alvarado Guzmán.
