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Endosa medida que permitiría a adultos poseer hasta 28 gramos de marihuana para uso personal

El sargento Terry Blevins, quien fuera sheriff de Gilas County en el estado de Arizona, y con experiencia tanto en el Departamento de la Defensa de Estados Unidos como en la sección de narcóticos y aplicación de la ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, depuso hoy ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes con relación al Proyecto 1191, que permitiría a las personas mayores de 21 años la posesión de 28g de cannabis o o 8g de THC en productos concentrados o o 800 mg de THC en productos comestibles.

El presidente de la Comisión, el representante Orlando Aponte Rosario, inició una extensa lista de deponentes, comenzando con Blevins, quien representa a la entidad Law Enforcement Action Partnership (LEAP por sus siglas en inglés), como miembro de su junta directiva. “LEAP es una organización sin fines de lucro, cuyos miembros son policías, fiscales, jueces, miembros del departamento de justicia y otros profesionales de Seguridad Publica que comparten sus experiencias de primera mano. El objetivo de nuestro grupo es crear comunidades más seguras para de esa manera poder enfocar recursos policiales en las mayores amenazas que enfrentan la seguridad pública, abordar los orígenes del crimen, y también trabajar para la reconciliación de relaciones entre la policía y las comunidades que servimos”

Blevins señaló en el encuentro celebrado en el Salón de Audiencias #6 de la Cámara de Representantes, que “en los estados donde se ha implementado un sistema donde la marihuana es legal y controlada, los mercados ilegales son menos convenientes, deseables, y rentables. Estos estados han logrado parar el incremento en las tasas de consumo juvenil y en algunos casos, han visto una disminución del consumo juvenil después de la legalización. Aún más importante, la legalización de marihuana es un rechazo a las ventas ilegales y al tráfico de drogas y las consecuencias que acompañan estas actividades. Los dispensarios de marihuana legal reemplazan al mercado ilegal. Las pandillas pierden control y recursos que necesitan para financiar sus actividades criminales”.

Para el deponente, la regulación del mercado puede reducir el crimen, desfinanciar empresas criminales que venden marihuana, e impedir a los jóvenes que quieren comprar marihuana. “Muchos miembros de nuestras comunidades han estado diciendo por décadas que las leyes de marihuana no funcionan. También han manifestado protestas por las detenciones que han creado generaciones de jóvenes que piensan que los policías somos sus enemigos. Aprobar esta ley (refiriéndose al P de la C 1191) no solo protegerá a los que consumen marihuana, también fortalecerá comunidades donde la población depende de la policía. La estrategia de seguridad pública más inteligente es legalizar la marihuana para uso adulto de manera responsable y equitativa. No podemos restaurar la confianza pública en la policía mientras continuemos castigando a nuestros vecinos y seres queridos por el uso de la marihuana”.

El representante Aponte Rosario señaló que “ciertamente este es un tema polarizante en la sociedad y naturalmente hay sectores a favor y otros en contra. El compromiso de este servidor como presidente de la Comisión de lo Jurídico es escucharlos a todos. La participación amplia está garantizada”. De hecho, Aponte separó todo el día para atender a los deponentes, siete (7) durante la mañana y cuatro (4) durante la tarde de hoy.

Por parte de la organización Puerto Rico Legal Marijuana, depusieron los abogados Goodwin Aldarondo Jiménez y Alexandra Rodríguez, CEO y Directora División Legal respectivamente, quienes señalaron que el proyecto incluye enmiendas a la Ley que atiende la marihuana de uso medicinal, que según ellos, son innecesarias, pues obstaculizarían el desarrollo de la industria y buen funcionamiento del programa de cannabis medicinal. 

Concretamente, ellos exponen que no debe existir dualidad de dispensarios medicinales y de uso adulto. “Todos los dispensarios deben poder servir a ambos mercados. Para que un dispensario pueda servir al mercado adulto, este tiene que ser uno medicinal. Esto evitaría ventajas o desventajas entre uno los dos tipos de dispensarios y facilitaría la fiscalización y el cumplimiento dentro de la industria. Ambos modelos deben estar dentro de una misma licencia y dentro de un mismo arancel. Ya la industria medicinal ha demostrado su funcionamiento por lo que el modelo de uso adulto debe moldearse y regirse bajo los mismos parámetros de los actuales dispensarios medicinales”, señalaron.

Para Puerto Rico Legal Marijuana, no es necesario crear un modelo nuevo, distinto o separado del existente. “Si lo que buscamos es ampliar la industria, debemos hacerlo de manera funcional y permitir que adultos de 21 años o más adquieran el cannabis bajo el modelo ya existente de los dispensarios medicinales. Esto simplificaría la implementación y el éxito del proyecto. Tampoco encontramos necesario el tener una licencia y un arancel distinto para dispensario medicinal y uno para uso adulto. Deben estar ambos modelos bajo una misma licencia y un mismo arancel. Esto simplificaría el proceso administrativo de solicitudes y renovaciones. Al igual que el alcohol y el cigarrillo, se deben establecer lugares donde las personas puedan consumir el cannabis. Si permitimos el uso adulto debemos proveer espacios para su consumo. El regular el uso adulto implica establecer donde se puede consumir, como se puede consumir y donde. Esto controlaría donde se puede utilizar y evitaría el consumo en lugares indeseado o no aptos para el consumo de cannabis, como en parques, escuelas y lugares cerrados”, expone la entidad en su ponencia.

De la vista pública participó además la abogada Shadiff M. Repullo Casiano, quien preside la Fundación Free Juana. “Con el Proyecto de la Cámara 1191 no estamos frente a un debate sobre los atributos positivos o negativos del cannabis, estamos solo cuestionándonos si sirve a algún fin social legítimo el meter presas a las personas por la mera posesión de cannabis”. Parte de la ponencia de la licenciada se concentró en formular preguntas a la audiencia. “Aún encontrando un fin social válido hay que analizar: ¿se ha logrado alcanzar el mismo hasta ahora con la prohibición?, ¿Cuanto tiempo llevamos haciendo lo mismo?, ¿Por cuanto tiempo más le vamos a tener tanto miedo al cambio?, ¿Cuantas personas han muerto y cuantas más deben morir por nuestras decisiones?, ¿A cuantos más vamos arrestar y dañarles la vida sin estos haberle hecho daño a nadie? Estamos ante un crimen sin víctima y ante una ley totalmente fútil. ¿Cuándo vamos a cuestionarnos si los modelos y prácticas actuales acerca de las drogas han reducido el crimen, la violencia o las cifras de adictos en nuestro país?”

Por su parte, Jose I. Zorrilla, presidente del Colectivo Puertorriqueño de Dispensarios, envió una carta a la Comisión expresando que “desafortunadamente, notificamos que no participaremos de vista pautada, ya que nuestros miembros no han tenido la oportunidad de concluir la evaluación del proyecto según presentado y queremos ser lo más certeros posible en nuestros comentarios a la medida. Esperamos concluir la evaluación próximamente y estaremos presentando memorial a estos efectos. Para Colectivo es muy importante la oportunidad que nos ofrece esta Honorable Comisión de poder atender aspectos de vital importancia y trascendencia en la industria del cannabis en Puerto Rico”.

Ante dichas declaraciones, el presidente Aponte Rosario concederá tiempo adicional a la entidad para que pueda prepararse debidamente y continuó con el resto de los deponentes citados a la vista, entre los que se encuentran Georgane Ríos del Comité Cannabis de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Sr. Jesús Vázquez del Centro Unido de Detallistas, Sra. Carmen Serrano de ARRDEPR y la Sra. Teresita Santiago del Comité Cannabis de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 

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