El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) realizará una vista administrativa para evaluar la impugnación que líderes comunitarios y activistas ambientales de Salinas radicaron contra un permiso otorgado por la agencia ambiental, para permitir la destrucción de setenta y nueve (79) árboles de un bosque en un área ecológicamente sensitiva.
El permiso de corte y remoción de los árboles, cuya aprobación fue recomendada por el biólogo forestal, Juan G. Colón Rivera, y autorizada por el director regional de Guayama, Luis E. Torres Zamora, fue otorgado al Sr. Luis Caballero González, vicepresidente de la empresa Clasiofertas LLC.
La compañía propone un controversial proyecto llamado Salimar, el cual rellenaría un área inundable para vender solares de 400 metros, colindante con la carretera PR 701, la comunidad Villa Cofresí, la Urb. La Margarita y la comunidad Villa Esperanza.
La presidenta de la Asociación de Residentes de La Margarita, Wanda Ríos Colorado, dijo que ese permiso nunca debió ser otorgado.
“La vista administrativa del DRNA será el 17 de mayo, y hay una conferencia con antelación a la vista el 10. La comunidad va a estar presente y vamos a demostrar que ese permiso es irrazonable y constituye un abuso más de parte de la agencia. Ese permiso nunca debió otorgarse y menos a un desarrollista que quiere lucrarse a costa de poner en riesgo la seguridad, viday propiedades de nuestra gente”, aseguró Wanda Ríos.
Por su parte, Zinnia Vélez Figueroa, presidenta de la comunidad Villa Cofresí, expresó su preocupación por la insistencia en permitir proyectos que terminan afectando a la comunidad.
“El año pasado descubrimos que estamos en riesgo de contraer cáncer por la contaminación con óxido de etileno proveniente de la empresa Steri-Tech. También, vino el huracán Fiona, y el puente ilegal que construyeron en el Río Nigua hizo que aumentara la cantidad de agua en las inundaciones que llegaron a nuestras comunidades. Y ahora, en nuestra misma área, el DRNA aprueba la remoción de vegetación y destrucción de los árboles. Esto impactaría el humedal del lugar, y aumentaría los niveles de inundación y la velocidad de las escorrentías creando mayores riesgos a nuestra vida. Este abuso hay que detenerlo”, señaló Zinnia Vélez.
Por último, Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental, comentó que el proponente del proyecto también violó el permiso otorgado por el DRNA.
“La vigencia del permiso comenzaba el 2 de marzo. Sin embargo, el 20 de febrero, maquinaria que estaba en el lugar comenzó a realizar trabajos. Se hizo una querella al DRNA y miembros del Cuerpo de Vigilantes llegaron al área y detuvieron el movimiento. Las Advertencias Legales establecidas en el permiso son claras y señalan que: “Cualquier violación a las cláusulas de este permiso y/o a la Ley de Bosques de Puerto Rico, conllevará procedimiento legal para la revocación de este permiso”. La Secretaria del DRNA debe revocar el permiso inmediatamente”, finalizó Alvarado Guzmán.
