La violencia en Puerto Rico es incuestionable: las cifras de homicidios, feminicidios o carjackings son alarmantes. Sin embargo, como el fenómeno diverso que es, la violencia no tiene un solo origen, y no es siempre en el bajo fondo o entre los “desviados” sociales que se manifiesta.
Incluso dentro de los cuerpos que se supone deben garantizar la seguridad ciudadana, como la policía, el uso indiscriminado de la fuerza es preocupante por sus altos índices.
Los casos son múltiples. Uno de los más famosos trascendió en 2016, gracias a un video tomado por un ciudadano que estaba siendo intervenido por un agente de Policía. En el clip se pudo registrar una amenaza de muerte del oficial de seguridad a un civil.
“Si te llego a ver en la actividad un tiro te va a caer. Te estoy hablando claro, yo no me estoy riendo”, vociferó quien se supone está para garantizar la vida y propiedad de los ciudadanos del país.
Precisamente para controlar y monitorizar el exceso de fuerza ejercida por parte de la Policía y el Estado surge en 2018 la organización Kilómetro 0, un proyecto sin fines de lucro que recoge datos de violencia policial, presenta informes ante los organismos competentes y educa sobre los derechos ciudadanos para evitar el abuso de poder.
Su directora, Mari Mari Narváez conoce bien lo que supone la extralimitación del poder de la Policía. Hija del líder político e intelectual Juan Mari Bras, su familia y ella sufrieron la represión policial extra-judicial por motivos ideológicos.
Además, en su faceta de periodista ha cubierto diferentes procesos en donde la violencia policial ha sido la norma, como las huelgas de los recintos de la Universidad de Puerto Rico o luchas sociales.
Pero el evento que marcó su interés por la impunidad policial fue la muerte de Filiberto Ojeda Ríos. “Me di cuenta del poder de esta gente, podían hacer un cerco, matar a una persona y no pasar nada”.
Ahora se encarga de darle a esas experiencias vividas y observadas sustancia estadística, a través de datos que demuestran que la Policía de Puerto Rico tiene carencias en el control del uso de la fuerza, en la transparencia al informar de las muertes a manos de sus agentes, y en la voluntad de avanzar hacia un cuerpo que respete los derechos civiles y humanos.
El abuso policial en Puerto Rico en datos
Rafael Cortijo y su Bonche cantaban en 1971 aquel coro que decía “Policía, policía, de la Guardia Insular, no se puede, no se puede, ni comentar”. La canción denunciaba en tono satírico el abuso de poder y lo arbitrario de las detenciones de la desaparecida Guardia Insular.
“Si vives en Trastalleres, en La Cantera o en Miramar, yo no sé lo que le pasa, de seguro te miran mal”, continuaba la tonada guarachera. La canción, aunque festiva, encerraba una realidad constatada por Km 0 tras 40 años: vivir en barrios con población afrodescendiente supone mayor riesgo de sufrir abuso policial frente a quienes habitan en barrios de mayoría blanca.
En los episodios de violencia policial, compartió Mari Narváez, “el tema racial es mucho más significativo que el socioeconómico. Si vives en un barrio rico o pobre hay una ligera diferencia, un punto más de riesgo de morir a manos de la policía, pero entre barrios racializados el riesgo aumenta más del doble”.
“Aquí ocurre el mismo fenómeno que en EE.UU., aunque no estamos tan segregados. Pero de que las personas afrocaribeñas tienen mayor riesgo no cabe la menor duda”, enfatizó.
Otro factor demográfico de riesgo es el género y la edad. Los jóvenes varones, de 20 a 29 años, corren desproporcionadamente mayor riesgo de morir a manos de la policía.
“El índice de mortalidad por violencia policial en Puerto Rico es de 3.1% (por cada millón), pero en los jóvenes es del 8.4%”, un dato que coincide con lo que pasa en países como EE.UU. o Canadá.
Además, lejos del sesgo que tiende a justificar que toda muerte policial es porque la persona estaba en asuntos turbios o amenazando la vida del agente, los datos muestran otro escenario distinto.
“El 46% de los asesinados entre 2014 y 2020 no tenían armas de fuego. Casi la mitad. Hay que cuestionarse si reflejaban un peligro inminente. La gente por lo general piensa “una escoria menos”, presumen que son delincuentes que merecen que los maten. Pero esa no es la realidad, no son la mayoría”, reflexionó.
Sobre este tipo de experiencias, Mari Narváez compartió el caso de una familia de Jayuya que le mataron al hijo en la casa. “Estaba en crisis emocional y tenía un machete en la mano, agresivo en la marquesina. En vez de intervenir con estrategias no violentas para mitigar la situación los policías llegaron, sacaron la pistola, le apuntaron y lo mataron delante de la madre y del tío”.
Este relato es del año 2019, al comienzo del trabajo fiscalizador de la organización. Entre el 2019 y el 2022 han podido reportar 29 asesinatos a manos de la policía -incluyen accidentes en persecuciones y uso de armas como tasers-, pero sospechan que pueden ser más.
“No han querido decir cuántos mataron en 2021. Siempre enviaban un parte de prensa si mataban a alguien, pero en el 2021 dejaron de hacerlo. De 12 o 13 muertos que suele haber en un año en 2021 solo pudimos registrar 2”, indicó la activista.
Si se suman las muertes desde el 2014 son 81 las personas muertas a manos de la policía en diferente tipo de intervenciones.
Falta de transparencia
La Policía no solo oculta datos de asesinados. Colectivos de periodistas y medios de comunicación han solicitado en reiteradas ocasiones información a la agencia, entre otros motivos para conocer los casos de violencia sexual dentro del cuerpo, sin respuesta afirmativa en muchos casos. ¿A qué se debe esta forma de proceder ¿Por qué se ocultan datos del desempeño policial?
“En términos de acceso a datos la Policía tiene F. En el 2019 los demandamos, y el pleito llegó al Tribunal Supremo. Nos dieron la razón, y los obligaron a entregar miles de informes, en total 8,000. En vez de poner a disposición más información sobre su ejecutoria y ser proactivos, lo que hacen es todo lo contrario, usan subterfugios para esconder los casos”, denunció.
De hecho, reconoció que ese ha sido el gran reto de su organización. Al inicio de este trabajo, entre 2018 y 2019, no había mucha data: tuvieron que ir recopilando noticias en prensa, pidiendo ayuda a entidades de mayor “calibre” como la Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados -a ellos les daban unos datos y a la Comisión otros, recordó-, etc.
Con el paso del tiempo y su labor de fiscalización fue todo más fácil. El dato negado dio paso al testimonio abierto.
“Cuando empezamos a denunciar comenzaron a llegar familiares de personas que murieron a manos de la policía o que estuvieron muy cerca de morir, y que sentían que nadie defendía la memoria de su familia. Gracias a eso ya tenemos una base de víctimas”, enfatizó.
Retos de futuro para una policía transparente y no-violenta
El trabajo de Km 0 no se da en el vacío, ni es un capricho de sus promotores. En julio de 2008, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) el comienzo de una investigación por alegados patrones o prácticas de violaciones de derechos civiles.
Según la página oficial de la Policía, esta investigación culminó el 5 de septiembre de 2011 con un informe que reflejaba uso de fuerza excesivo, conducta impropia dirigida a suprimir el ejercicio de libertad de expresión, y registros y allanamientos, todos ellos en violación a la Constitución de Estados Unidos. Esto obligó al NPPR a trabajar en la llamada Reforma de la Policía.
A pesar de este proceso de renovación y cambio, Km 0 reconoce lo lejos que está la agencia de cumplir los objetivos. “La reforma ha sido un fracaso, todos los informes son de incumplimiento. La Policía nunca ha aceptado que de verdad hacía falta una transformación, nunca han pedido disculpas ni perdón por los crímenes previos”.
“Hay falta de voluntad, recursos han tenido. Es un menosprecio por los derechos humanos. Un cambio es muy difícil con esa impunidad, limpiar eso es difícil si no tienes la voluntad. Las autoridades federales han sido muy lenientes, es una reforma simbólica, ya llevamos 9 años y no sé cuáles han sido los logros”, lamentó.
Como únicos avances de este proceso de regeneración Mari Narváez reconoce y valora que existan protocolos y políticas superiores a las que existían. “Cumplen mejor con la Constitución, pero hay espacio para mejorar”, dijo.
Educación comunitaria para frenar el abuso policial
Mientras la policía sigue desarrollando sus mejores prácticas, desde Km 0 trabajan para educar a la ciudadanía sobre este problema.
Para ello, organizan adiestramientos sobre derechos ciudadanos y animan a que desde las comunidades se fiscalice el trabajo de la uniformada.
“Vamos a comunidades con el programa ‘Oficial tengo derechos’, también damos talleres de cómo grabar a la policía para rendir cuentas, derechos en las manifestaciones, y un taller que se llama “Lo que pasó en Barrio Cuchillas” que provoca una reflexión sobre el modelo de seguridad que necesitamos”.
En última instancia ese es el deseo de la organización, llegar a un Km 0 que permita reiniciar el camino y avanzar en una senda donde la seguridad ciudadana no pase por un reclamo de mayor policía. Como decía Tego Calderón “que no haya rejas, policías ni pistolas”.
“Se dice que hace falta más patrullaje, pero lo que necesitamos son comunidades robustas, condiciones mínimas de vida y derechos humanos básicos. La noción de seguridad pública no es más policía y represión, sino más escuelas, más oportunidades, menos crimen. Hay que llegar a la raíz de los problemas de la violencia. La policía no los va a resolver, nunca los ha resuelto. La mano dura ha dejado un legado perverso”, recalcó.
Si se desea reportar un caso de abuso policial, una muerte violenta o solicitar talleres educativos, puede acceder a la web www.kilometro0.org.
