martes, diciembre 6, 2022
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Denuncian destrucción de tierras fértiles para construcción de proyectos energéticos

Finca en Guánica-Lajas afectada por el proyecto

El cambio de modelo energético es uno de los grandes retos de las sociedades del siglo XXI. Poco a poco el petróleo pierde su hegemonía, mientras las fuentes de energía verde ganan terreno.

Para contribuir a esa transición, el gobierno ha decidido invertir en proyectos de renovables en todo el país.

El problema, según denuncia una coalición de grupos sociales y ambientales, es que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) autorizó 18 proyectos industriales de energía solar en terrenos de alto valor ecológico.

El total de extensión de las tierras que cambiarían su tipo de uso alcanza las 14,000 cuerdas, afectando fincas en Lajas, Guánica, Cabo Rojo, Hatillo y Salinas.

Energía renovable VS Soberanía alimentaria

La destrucción de terrenos de alto valor agrícola en el sur y suroeste del país, y en menor medida en el norte, pone en riesgo la aspiración del Departamento de Agricultura de alcanzar en los próximos años el 50% de producción local de la canasta de alimentos.

“Sin los terrenos agrícolas no es posible, Puerto Rico tiene ahora clasificados como terrenos agrícolas el 22% del territorio, muy por debajo de la media mundial. En EE.UU. es cerca del 40%”. Quien se expresa es el doctor David Sotomayor, experto en agronomía y suelos y miembro de la coalición.

Para producir un megavatio se necesitan entre 7 y 8.5 cuerdas de terreno. Además, investigaciones de Sotomayor en el caso de los molinos de viento de Santa Isabel arrojaron que el daño en el suelo agrícola era 5 veces mayor que lo estipulado en el proyecto.

“Estos proyectos son de carácter industrial. Muchos las llaman fincas solares, pero es una connotación muy lírica de lo que realmente es”, criticó Sotomayor, profesor de la UPR en Mayagüez.

El profesor informó que “los proyectos de Hatillo y Salinas tienen declaraciones de impacto ambiental favorables realizados hace más de 10 años. Y a pesar de ello le dieron paso”.
Por su parte, el proyecto de Guánica/Lajas -en la colindancia- también tiene declaración de impacto ambiental favorable. En este caso las placas afectarían a unas 18 fincas.

“La finca principal era usada para ganado de carne. Es de baja productividad, porque no tiene acceso a recursos de agua, pero sigue siendo agrícola”, relató Sotomayor.

“Tenemos que reconocer que aunque hay fincas que no están actualmente en producción, lo han estado en el pasado y podrían estarlo en un futuro”, recordó el académico y activista ambiental.

El cuarto proyecto, el de Cabo Rojo, tiene una declaración de impacto ambiental preliminar. Se estima que afecte unas 100 cuerdas, a pesar de que es un terreno dedicado a la producción agrícola, con acceso a riego y a charcas de agua.

“Es una pena que sigamos descuartizando los pocos terrenos que nos quedan con acceso a riego, con suelos fértiles, llanos y mecanizables”, lamentó Sotomayor, experto en edafología, quien a su vez reconoció que para los dueños de tierras es muy “atractivo”.

“En Hatillo, el dueño de la finca que cubre la mayor área del proyecto, hizo un acuerdo de 2,000 dólares por cuerda, y son 100 cuerdas. Son $200,000 al año por no hacer nada. Antes esa finca estaba en producción de ganado de leche, era totalmente productiva”.
Por eso finalizó diciendo que “la protección de los terrenos agrícolas es un asunto de seguridad nacional para el desarrollo sustentable”.

Violación a la legislación existente

En el caso del proyecto planificado para Guánica/Lajas, el problema se agrava por estar dentro de los predios de una reserva agrícola, protegida bajo la Ley de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas, de 1999, cuya delimitación completó en 2004 la Junta de Planificación.

“Las reservas aseguran que esos terrenos son para uso exclusivo agrícola. No puedes hacer otra cosa. El mismo gobierno debería respetar las leyes, pero no está siendo así”, manifestó Alfredo Vivoni, portavoz del Frente Unido en Pro-Defensa del Valle de Lajas, otro de los colectivos de la coalición.

“El NEPR vislumbra ubicar todos los proyectos en valles costeros, los mejores terrenos para la agricultura. Con un 85% de importación de alimentos hay que mirar cómo desarrollar la agricultura. Esa es nuestra aspiración”, abundó Vivoni.

Apostar a la energía renovable sin afectar el suelo

Desde la coalición defienden que la energía renovable es la mejor opción para el desarrollo del país, pero apuestan a otro modelo, el conocido como ‘roof top model’: placas solares en los techos de las viviendas.

Este modelo fomenta la generación energética descentralizada sin consumir terreno y lo más cerca posible del punto de consumo: el hogar o el comercio. Ejemplo de esto es el sistema desarrollado en Adjuntas por Casa Pueblo.

Por el contrario, las “fincas solares” requieren no solo ocupar espacio productivo, sino también mover la energía hasta el consumidor final.

“Esta energía se usa en interconexión con la red actual. Implica costos adicionales para moverla. En el caso de Guánica habría una línea hacia San Germán. Por ahí se impactarían más cuerdas”, indicó Vivoni.

El catedrático retirado de la UPR-M recordó además que los modelos de producción energética solar a nivel industrial del suroeste pueden acabar destrozados en caso de inclemencias del tiempo, como ya sucedió en Humacao.

“Cientos de cuerdas fueron forradas con placas en suelo agrícola, y cuando vino María quedó destrozado. Les tomó más de un año levantar otra vez el proyecto y reconectar el sistema”, recordó.

Por último, desde el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas y el resto de organizaciones de la coalición reclaman que el gobierno haga vistas públicas.

“Solicitamos reunión y ninguno nos ha respondido, ni el gobernador, ni el secretario de Agricultura, tampoco el director de la Junta de Planificación. Es absurdo que nos sigan ignorando y que no se discuta el caso”.

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