El portavoz del PPD en el Senado, Javier Aponte Dalmau, cuestionó nuevamente la “nefasta práctica” del gobernador Pedro Pierluisi, quien ha emitido unos 73 vetos a legislaciones de importancia para el país y que muchas de ellas buscan aliviar el bolsillo de los puertorriqueños.
“Es lamentable que el gobernador Pedro Pierluisi continúe con su nefasta práctica de rechazar proyectos importantes de nuestros distritos, asignaciones de fondos y distintas resoluciones conjuntas y medidas enviadas por la Legislatura demostrando su falta de compromiso con las necesidades apremiantes de nuestra gente. Vuelvo a recordarle al gobernador que el pueblo determinó que trabajáramos en conjunto en un gobierno compartido y es lo menos que espera de nosotros”, dijo Aponte Dalmau.
Uno de los más recientes vetos impartido por el primer ejecutivo fue a la Resolución Conjunta del Senado (RCS) 52, la cual busca agilizar la política pública de promover la pronta transición hacia la generación con energía renovable mediante la utilización de fondos federales. Según explicó el también presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y de Energía de la Cámara Alta esta medida propone ordenar al secretario de la Vivienda a evaluar, otorgar y solicitar la designación de fondos federales y estatales, incluyendo CDBG-DR, para establecer incentivos que faciliten que personas naturales o jurídicas adquieran e instalen equipo de energía renovable, a tenor con lo establecido en la Ley 33-2019, conocida como la “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico”.
“El propósito de esta legislación es que se pueda cumplir con la meta de la Ley 33-2019 de contar con un 40% de generación proveniente de energía renovable, utilizando fondos federales disponibles. Mediante esta medida, además, le estábamos requiriendo a Vivienda el desarrollo de un plan de implementación para agilizar la instalación de paneles solares en las residencias en aras de asegurar la pronta y eficaz utilización de los fondos federales disponibles para tales propósitos”,sostuvo el senador.
-SIGUE-
Aponte Dalmau enfatizó que el propio Departamento de la Vivienda favoreció la aprobación de la RCS 52 y recomendó que se enmendara la medida a los fines de sustituir la referencia de fondos CDBG-DR, que solo están disponibles para personas que reclaman perdida por eventos naturales, por fondos CDBG-MIT, que permite un acceso a Fondos CEWRI (Community Energy and Water Resilience Instalation Program). Esta enmienda, que fue incluida en la medida, surgió con el propósito de que los sobre $300 millones disponibles bajo los fondos CEWRI, cuyos usos son más flexibles que los fondos CDBG-DR, puedan utilizarse a fin de incentivar las instalaciones de paneles solares en las residencias.
“Aun cuando la enmienda recomendada por Vivienda fue incluida en la medida, el gobernador impartió su veto.Conociendo la lentitud mediante la cual la presente administración gubernamental ha encaminado el uso de los sobre $25,000 millones de recursos federales disponibles para la reconstrucción y rehabilitación del país, entendemos que la verdadera justificación del primer ejecutivo para vetar el RCS 52 es no tener que someterle a la Asamblea Legislativa un plan sobre la pronta y eficaz utilización de los $300 millones de los fondos CEWRI. Tal parece que el Gobernador lo que quiere es mantener en cuartos oscuros la utilización de los fondos federales y no cumplir con la política pública de la Ley 33-2019 que dispone para la pronta transición hacia energía renovable”, declaró el legislador.
Hasta el momento el gobernador Pedro Pierluisi ha emitido 73 vetos, de estos 51 corresponden a vetos expresos y 22 a vetos de bolsillo. Otra medida que se sumó ayer a la larga lista de vetos del gobernador fue el Proyecto del Senado 563 que fijaba en $10.50 por hora el salario base de los servidores públicos. Además, el primer ejecutivo ha vetado proyectos dirigidos a trabajar con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la construcción del conector de desalojo de Loíza, el pago a proveedores de servicios de Educación Especial, la distribución de vales de vivienda a damnificados por los huracanes Irma y María así como por los terremotos en el área sur, el establecimiento de una moratoria en los pagos de préstamos hipotecarios, arrendamientos y ejecuciones durante una emergencia, entre otros.
