La Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de una investigación sobre la concesión de incentivos económicos a pequeñas y medianas empresas (PYMES) afectadas por el COVID-19. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó $60 millones al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico para otorgar un incentivo de hasta $1,500 a las PYMES afectadas por la emergencia decretada por el COVID-19. Además, la Resolución Conjunta, dispuso que el incentivo se concedería conforme a los parámetros que determine el DDEC en consulta con el Departamento de Hacienda.
La investigación reveló que se realizaron 130 desembolsos por $143,000 en exceso, por solicitudes de incentivo duplicadas y hasta quintuplicadas. Además, los auditores hallaron 1,064 solicitudes radicadas por $1,081,500, sin el número de Registro de Comerciante o con el número incorrecto. Tampoco se incluyó el número de comerciante en los datos electrónicos de los desembolsos.
Por otro lado, el DDEC pagó $1,086,500 en exceso de la asignación de la Resolución Conjunta, a 9,204 solicitudes de incentivos aprobadas. Además, contrario al Manual de Contabilidad, la Oficina de Finanzas del DDEC, no había preparado las conciliaciones bancarias de la cuenta que se utilizó para realizar los pagos.
Estas situaciones impidieron al DDEC y a la Oficina del Contralor, verificar en todos sus detalles, la legalidad, exactitud y corrección de los desembolsos. Además, pueden propiciar el uso de fondos para propósitos ajenos a la gestión pública.
Se recomienda al secretario del DDEC tomar las medidas administrativas que correspondan y evaluar la posibilidad de cobrar los incentivos pagados en exceso. Además, el secretario debe asegurarse de que el director de Finanzas prepare mensualmente las conciliaciones bancarias de la cuenta del Fondo Incentivo Económico Ley 60-2019, para determinar el importe correcto de los desembolsos emitidos por el incentivo.
El resultado de esta investigación con fecha del 9 de diciembre de 2022, está disponible en www.ocpr.gov.pr.
