Líderes comunitarios y activistas ambientales de Salinas impugnaron por escrito el permiso de corte y remoción de setenta y nueve árboles, otorgado a un desarrollador por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), como parte de un proyecto para rellenar un área inundable y vender solares en la carretera PR 701, colindante con la comunidad Villa Cofresí, la Urb. La Margarita y la comunidad Villa Esperanza.
La semana pasada, residentes colindantes con el área, denunciaron la otorgación del permiso, sin el conocimiento de las comunidades afectadas por el mismo.
“Me gustaría saber si los representantes del DRNA que dieron su endoso, tanto el biólogo Juan G. Colón Rivera, quien también es legislador municipal del PPD en Salinas, y el director regional de la agencia, Luis E. Torres Zamora, vinieron al lugar y se percataron que con sus acciones ponen en peligro la seguridad y la vida de cientos de familias que residimos en el área”, expresó Wanda Ríos Colorado, presidenta de la Asociación de Residentes de La Margarita.
En la carta de impugnación dirigida a la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, las comunidades exigieron la revocación inmediata del permiso.
“La destrucción de setenta y nueve (79) árboles del único bosque existente en el área, pondría en peligro las comunidades de Villa Cofresí, Villa Esperanza, Urb. La Margarita, Villa Verde, Res. Brisas del Mar y Playa, pues, la remoción de vegetación y árboles aumentaría los niveles de inundación y la velocidad de las escorrentías creando mayores riesgos a la vida y propiedades de los residentes cercanos. Este proyecto va a ahogar a mi gente”, dijo Zinnia Vélez Figueroa, presidenta de la comunidad Villa Cofresí.
Otras de las razones esbozadas por las comunidades en la misiva a la Secretaria del DRNA, para impugnar el permiso otorgado, es la existencia de un humedal en la zona.
“Colindante con Villa Esperanza, Villa Cofresí y La Margarita existe un humedal el cual es vital para la recarga del acuífero, y para canalizar el agua de escorrentía. Incluso el desarrollador quiere rellenar el humedal y también venderlo. Aquí hay leyes que protegen los humedales y tanto el DRNA como el vendedor están violando esas leyes”, comentó Brunilda Colón Torres, presidenta de la Junta Directiva de Villa Esperanza.
La Ley 314 de 24 de diciembre de 1998, conocida como la Política Pública sobre Humedales en Puerto Rico, establece que los humedales tienen varias funciones tales como “mejorar la calidad del agua y del medio ambiente, en la recarga de los acuíferos o aguas subterráneas, suplir de alimento y hábitat a la vida silvestre, propiciar el establecimiento de las cadenas alimenticias, ayudar a mitigar inundaciones, producir oxígeno, retener y estabilizar los sedimentos provenientes de tierras altas para que no lleguen al mar y proveer lugares de atractivo turísticos”.
Esta Ley estableció como política pública la protección de los humedales, la promoción de su preservación, conservación, restauración y el manejo de este valioso recurso natural. “El permiso otorgado por el DRNA impactaría de forma negativa el humedal y viola la política pública sobre la protección de humedales”, expresaron las organizaciones.
La empresa Clasiofertas LLC, que según documentos del Departamento de Estado se dedica a desarrollar los conceptos de una revista y una página web de clasificados, es la que quiere rellenar los terrenos inundables y vender los solares de 400 metros en $59,995.00. El nombre del proyecto es Salimar.
Su presidenta es Karen E. Marrero Meléndez; vicepresidente es Luis F. Caballero González, a quien el DRNA identifica como propietario de los terrenos; y el secretario es José D. Ruiz González.
Por último, Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental, comentó que el permiso otorgado ya fue violado por el proponente.
“La vigencia de este permiso comienza el 2 de marzo. Sin embargo, el pasado 20 de febrero, maquinaria que estaba en el lugar comenzó a realizar trabajos allí. Se hizo una querella al DRNA y miembros del Cuerpo de Vigilantes llegaron al área y detuvieron el movimiento. Pero, las Advertencias Legales establecidas en el permiso señalan claramente que: “Cualquier violación a las cláusulas de este permiso y/o a la Ley de Bosques de Puerto Rico, conllevará procedimiento legal para la revocación de este permiso”. La Secretaria del DRNA debe revocar el permiso inmediatamente”, finalizó Alvarado Guzmán.
Las organizaciones estarán pendientes de la determinación del DRNA y tomarán las acciones necesarias para continuar sus reclamos y proteger sus comunidades.
