Residentes de la comunidad de Puerta de Tierra, junto a la Senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón,
denunciaron hoy la complicidad del gobierno, a través de la Administración para el
Financiamiento de la Vivienda (AFV) en los proyectos de desplazamiento de dicha comunidad.
La denuncia surge luego de que los residentes alertaran sobre ciertas publicaciones en las
redes sociales de la entidad “San Juan 901”, que anunciaban, junto a fotos de trabajos de
construcción en edificios propiedad de la AFV el lema publicitario “lo mejor todavía está por
venir”. Según la investigación realizada por la oficina de la senadora, los registros del CRIM
reflejan que se trata de cinco propiedades cuyo titular es la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. Mediante escrituras públicas otorgadas recientemente, esas propiedades fueron liberadas de las condiciones restrictivas que estipulaban que sólo podían ser destinadas a vivienda de bajo costo. A pesar de que a estas fechas no constan en el Registro de la Oficina de la Contralora contratos entre la AFV y las compañías de inversión, se están realizando trabajos de remozamiento a gran escala y se están anunciando los proyectos en las redes sociales.
Los edificios que rodean a esas cinco estructuras propiedad del Pueblo de Puerto Rico fueron todos adquiridos por compañías de uno de los inversionistas extranjeros que se beneficia de los privilegios de la Ley 22. Igual ha ocurrido con muchos otros edificios en Puerta de Tierra, adquiridos con el fin de dedicarlos a alquileres a corto plazo. Como resultado, esta comunidad tradicional- la primera en establecerse fuera de las murallas del Viejo San Juan- se está convirtiendo en un espacio turístico, con la correspondiente alza de precios y desplazamiento de residentes puertorriqueños. No es sólo la vivienda la que se está viendo afectada: la escuela Martin Brumbaugh, a la que asistieron muchos de los residentes de la comunidad fue cerrada y vendida en el año 2019 a otro inversionista de Ley 22 para convertirla en una hospedería (así consta en la propuesta presentada al Comité de Evaluación de Disposición de Bienes Inmuebles [CEDBI] para efectuar la compraventa) y el Centro de Salud opera a mínima capacidad.
Caroline Sánchez, quien creció y aún vive en Puerta de Tierra indicó: “Primeramente, causa
tristeza que el gobierno se preste para eso; lo que da es vergüenza y bochorno, sobre todo
viendo la lucha que está llevando la comunidad. Para colmo, siguen actuando a nuestras
espaldas. Recuerdo cuando era pequeña haber entrado en ese edificio: allí vivían jefas de
familia, jóvenes y personas de escasos recursos en general”.
Por su parte la Senadora Santiago subrayó que la eliminación de restricciones a esos cinco
edificios públicos se da en el momento en que se ha agravado la situación de vivienda en el
país: “Según datos publicados recientemente por Hábitat PR y el Centro para la Nueva
Economía, hacen falta 74,000 unidades para alquiler; hay 25,000 familias en lista de espera
para vivienda pública y 8,000 para sección 8. Se ha documentado además que en Puerto Rico, la proliferación de espacios de alquiler a corto plazo ha tenido el efecto de aumentar en un 7% la mediana de alquiler y en un 23% el precio de venta de viviendas. Bajo criterios sensatos de desarrollo y planificación, los edificios de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, debían rehabilitarse como vivienda accesible. La medida justa de progreso no debe ser la ganancia de los dueños de los nuevos latifundios urbanos, sino el acceso de la población a vivienda, educación, trabajo y salud”.
La Portavoz del PIP añadió que sigue sin aprobarse la Resolución 490 de su autoría, para
investigar el acaparamiento de propiedades inmuebles por beneficiarios de las Leyes 20 y 22-2012 y el disloque que ello ha creado en el mercado inmobiliario y el efecto en el
desplazamiento de comunidades.
