viernes, octubre 7, 2022
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Comunidad de Hormigueros levanta la voz de alarma contra asfaltera “ilegal”

Planta de Empresas Rodríguez

La tranquila comunidad de San Romualdo, en Hormigueros, ya no aguanta más. Tras años de soportar los tóxicos emanados por una planta de asfalto en sus casas, y de ver cómo sus vecinos se enferman poco a poco, han decidido tomar acción para defender su salud y la del ambiente.

Hace muchos años, casi 40, en el barrio se instaló una planta de concreto. Desde hace 15 años se le añadió una asfaltera y un taller para camiones. Eso ha agravado los problemas históricos de ruido y contaminación ambiental.

Vecinos organizan movimiento ambiental
Athalia Collazo y William Nevares son miembros de la vecindad y co-fundadores del movimiento que ahora exige el cierre de este conglomerado industrial.

Según los vecinos y activistas, la empresa Transporte Rodríguez Asfalto, la cual compró el negocio hace 7 años, no tiene los permisos requeridos por la ley.

Sobre esto indicaron que “llevamos un año recopilando data, y las propias agencias nos certificaron que los permisos no aparecen”. En el proceso han contado con la asesoría del arquitecto y ex-vicepresidente de la Junta de Planificación Pedro Cardona Roig, o el líder ambientalista Eliezer Molina.

William Nevares apuntó que la empresa “no tiene permisos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) ni de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para controlar la erosión, los polvos fugitivos y las escorrentías hacia la cuenca del río Guanajibo”.

“El Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental exige que si hay una caldera y se está quemando brea, lo mínimo son 1,000 pies lineales de distancia con casas, escuelas, etc. Esto está a 100 pies de algunas viviendas”, denunciaron.

Nevares y Collazo compartieron con Visión que según sus indagaciones la empresa no cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

En conversación con este medio, Eliezer Molina, ingeniero, agricultor y ex-candidato independiente a la gobernación confirmó lo señalado por los vecinos: “hemos visto y analizado los documentos. Han intentado desregular los permisos para favorecer a entes particulares”.

Según el pepiniano, “modificaron la manera de presentar la evidencia de impacto ambiental. La Junta de Planificación dice que va a seguir otorgando permisos con el reglamento que ya fue revocado en el Tribunal Apelativo. Se avecina la crisis más grande en la historia a nivel de permisos”, denunció.

Reclamos de la comunidad
Entre los reclamos de los vecinos organizados se encuentra que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) cancele la actividad industrial, incluido el depósito de agregados y el taller de mecánica para camiones.

“Tenemos un caso sólido y vamos a llevar el proceso para revocar los permisos, que pongan multas y cierren la planta”, informaron.

Por otra parte, van a presentar una demanda de clase para que las personas con condiciones de salud sean indemnizadas. “Tenemos conocimiento de que residentes han tenido que moverse a EE.UU. para cubrir sus tratamientos”.

El grupo ambientalista está formado por unos 10 miembros, pero esperan que sean más en la medida en que los vecinos -hay cerca de 200 casas en San Romualdo- se unan a los reclamos. Incluso piensan montar un campamento para exigir el cese de esta actividad que califican de ilegal.

Molestias y problemas de salud en el barrio
Elizabeth González es una de las vecinas afectadas por la operación de la asfaltera. Lleva toda su vida en San Romualdo, y aunque el problema lleva mucho tiempo, dice que ahora la situación es insostenible.

“Se han quedado con todo, hicieron incluso montañas de tierra y hay un polvero tremendo. La nube llega hasta Plan Bonito, en Cabo Rojo”, compartió.

González ha hecho gestiones por su cuenta, como enviar cartas al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), sin éxito en su misión. “Nunca vas a ver una sardina tragarse a un tiburón. Somos pocos y pobres”, expresó molesta.

La veterana residente del barrio hormiguereño compartió que en su familia ha habido problemas de salud asociados a la planta.

“Mi esposo ha sido dos veces operado de la nariz por una sinusitis terrible, y yo padezco de asma, que antes no padecía. El olor a brea me da náuseas, no lo asimilo”, dijo.

“Habemos muchas personas enfermas, a todos nos afecta. Más abajo de casa hay una señora que vive siempre encerrada porque tiene asma crónica”, completó.

El ambiente, según dijo, también se ha afectado. “Han dañado las chopas, las tortugas, las anguilas, nada de eso se ve ya en el río. A veces el cauce huele a podrido, ya no corre como antes, ellos aguantan el agua para poder succionar y hacer el cemento y la brea”.
Otro aspecto que se ha visto alterado es la vida social y la tranquilidad en esta zona residencial.

“Una persona vino a visitarnos el otro día y se fue esmandado, dijo que no aguantaba la peste a brea, no podía respirar y se fue. Otro señor alquiló la casa de la esquina y me dijo: ¿cómo pueden vivir aquí? Me voy, no puedo vivir con este polvero”, relató.

“Vivir 24 horas al día con esa maquinaria es terrible. A veces tienen turnos corridos y a las 2 de la mañana siguen trabajando y haciendo ruido. El que no vive aquí no sabe lo que es esto”, reflexionó la vecina.

Sobre esta realidad, Nevares, portavoz del movimiento en contra de la asfaltera opinó que los dueños “piensan que pueden hacer negocio sin cumplir con los reglamentos, trastocando la salud de las comunidades para beneficio personal”.

“No nos vamos a limitar al Estado, vamos a ir a la EPA, al Tribunal Federal, al Secretario de Salud, por todas las vías posibles. La salud no se recupera”, reivindicó el líder comunitario.

Se expresa el alcalde de Hormigueros
Los vecinos organizados aseguran que han solicitado reunión con el alcalde para conocer su posición frente a este conflicto y que están a la espera de su respuesta.

“Aunque el alcalde no tiene jurisdicción para revocar el permiso, queremos que nos indique si va a estar a favor de la comunidad o de la industria”, reclamaron.

Visión se comunicó con el primer mandatario municipal, Pedro García, para conocer la posición de su administración.

“El que se hayan comunicado no es correcto. Me enteré por las redes sociales. Y eso fue la semana pasada. Una vez lo vi me activé”, indicó García.

El alcalde informó que “hablamos con la JCA hace un año y ellos estaban trabajando con un diseño para el control de gases. Nuestro ingeniero se comunicó para que verificaran la calidad del aire. En ese momento se les indicó que tenían que colocar unos filtros para las emisiones”.

Preguntado por si tiene constancia de algún viso de ilegalidad en la operación de la empresa, García expresó que “tienen contrato con Hormigueros, y para operar y licitar tienen que tener permisos. Ellos sometieron todos los documentos de rigor, según me certifica José Iván Torres, el secretario municipal”.

A pesar de ello, el político popular se mostró solidario con la comunidad y manifestó que “los residentes tienen razón. Voy a estar siempre del lado de la comunidad. Estoy averiguando los detalles para insertarme directamente”, finalizó.

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1 COMMENT

  1. Necesito conocer el contacto del organizador de este reclamo. Vivo justamente frente al complejo y me solidarizó con la información contenida en este reportaje.

    Me urge ponerme a la dispocición de los organizadores, mi padre asumió el liderazgo de un grupo y hasta un «injunctione» logragron en los origenes de esta operacion.

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