La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, señaló que “no le hace bien al País” el nombramiento del abogado Hiram Torres Montalvo como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). “Este el mismo Torres Montalvo que fue multado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el año 2016 por $5,000. Fue el caso donde intentó impugnar indebidamente el nombramiento de la licenciada Maite Oronoz Rodríguez como jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico”.
En aquella ocasión, el juez Roberto Feliberti Cintrón, nombrado por el gobernador Luis Fortuño Burset, expresó que “no vamos a permitir que personas sin legitimación activa utilicen los procedimientos judiciales para entablar pleitos frívolos en medio de una campaña primarista. Esta práctica de valerse de los Tribunales para adelantar intereses políticos particulares sin base en derecho alguna tiene que cesar”.
Para Maldonado, el Gobernador menciona que Torres tiene experiencia en el DACO. “En realidad fue asesor legal un solo año, del 2011 al 2012. Yo estoy segura que debe haber muchas otras personas con mayor experiencia y capacidad para defender a los consumidores puertorriqueños. Yo sostengo que para servirle al País, debemos tener los mejores recursos, los más experimentados, los de mayor capacidad”.
La alcaldesa recordó que la misión del DACO, tal como lo señala su portal cibernético, es vindicar e implementar los derechos del consumidor y frenar las tendencias inflacionarias en Puerto Rico; así como el establecimiento y fiscalización de un control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo en Puerto Rico. La visión del DACO es lograr que el consumidor encuentre un mercado justo y honrado a través de la educación, y la fiscalización rigurosa.
“Mi recomendación al Senado es que cuando dicho nombramiento llegue oficialmente para evaluación, sean rigurosos. De nuevo, el País merece tener la mejor calidad de funcionarios públicos”, añadió la Alcaldesa. Según la normativa, al estar el Senado en receso, el designado toma posesión del cargo hasta que el Senado regrese a sus labores.
