Gremios de camioneros exigieron este jueves que se enmiende la Ley de Servicio Público (Ley 109-1962) para modificar la aplicabilidad de la figura del porteador por contrato con el fin de que esté en consonancia con la reglamentación de tarifas.
Los portavoces de las distintas organizaciones acudieron a una vista pública de la
Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, presidida por Gretchen
Hau, para evaluar el Proyecto de la Cámara 1873.
La medida de la autoría de Hau y el presidente cameral Rafael Hernández Montañez
persigue atender las preocupaciones del Frente Amplio de Camioneros (FAC), que
denunció que la existencia del porteador por contrato ha generado un ambiente de
competencia desleal y desbalance para el porteador público.
“Ante esta situación los concesionarios del Negociado de Transporte y Otros Servicios
Públicos (NTSP) quedan en desventaja, ya que estos camioneros tienen que cumplir
con tarifas fijas, inspecciones constantes de las unidades, licencias de operadores,
pagar por las franquicias y se exponen a multas en caso de algunas faltas o fallas de
las unidades”, expresó Juan Galarza, designado por los gremios de camioneros.
Según Galarza, las compañías e individuos que se refugian en la forma que está
estipulada la ley no se exponen ni pueden ser intervenidos por el NTSP. Tampoco
tienen que cumplir con las tarifas y, en muchas ocasiones, reducen hasta un 30% de la
tarifa establecida con el propósito de “quedarse con el transporte y la entrega de bienes
y servicios”.
Galarza indicó que esta controversia ya fue atendida en el foro judicial cuando el
Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston falló en contra de la Cámara
de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y determinó que el NTSP
puede establecer tarifas mínimas justas y razonables.
“Nosotros, aparte de ser camioneros, somos consumidores. Lo que está sucediendo en
Puerto Rico con el transportista es algo insólito. Aquí va a haber una situación fuerte con los transportistas por las múltiples violaciones tarifarias”, manifestó Carlos
Schettini, portavoz de Camiones Unidos de Puerto Rico.
“Aunque el tribunal ya decidió y ha fallado a favor nuestro, si el gobierno no ejerce su
deber ministerial en esta definición de porteador por contrato a mí me siguen pasando
por encima. Nosotros no podemos continuar permitiendo que estas violaciones tengan
lugar”, agregó.
Entre las enmiendas que reclama el FAC se encuentra que la legislación determine que
el NTSP está facultado a emitir autorizaciones o permisos para el transporte de
pasajeros y cargas en el territorio de Puerto Rico. Además, que se establezcan unas
tarifas mínimas “justas y razonables” en el sistema de transportación pública para
permitir “un justo balance entre concesionarios y usuarios que beneficie al pueblo”.
“Esto se ha convertido en una práctica de un contrato de adhesión, que cuando la
persona va a llegar a ofrecerle los servicios a una de estas compañías, sencillamente le
dicen: ‘Aquí estamos el 30 por ciento por debajo de la tarifa… O lo coge o lo deja’”,
puntualizó Hernández Montañez.
La representante Hau informó que la comisión cameral convocó al NTSP desde el
pasado 6 de octubre. Sin embargo, fue a minutos de comenzar la vista pública que la
agencia se excusó de su citación y tampoco entregó la ponencia que le fue requerida.
“Queda clarísimo que este proyecto le hace justicia a miles de camioneros y familias
que ahora mismo están desprovistos y que reciben un tratamiento diferente en la
ejecución de la ley”, subrayó la legisladora.
Piden que regulación de exámenes recaiga en el NTSP
Durante la audiencia pública también se discutió el Proyecto de la Cámara 1872 para
otorgarle al NTSP la autoridad para fiscalizar los exámenes teóricos y prácticas, así
como a los examinadores que emiten las licencias de transporte.
La exposición de motivos de la medida destaca que los gremios de camioneros y las
Escuelas de Conducir han reclamado la escasez de examinadores, pues muchos de
ellos se han retirado o fallecido y no se ha realizado “un reclutamiento adecuado”
debido a que el adiestramiento requerido solo se ofrece en los Estados Unidos.
De acuerdo con la organización Camioneros Unidos, el NTSP es el ente equipado con
el personal, conocimiento, recopilación de datos, métricas de seguridad y es el
encargado de intervenir con los transportistas.
“Teniendo una agencia asignada única y exclusivamente a los asuntos que compete a
la transportación, no hay necesidad por la cual depositar más carga en otras agencias
que no cuentan con los recursos humanos para atender un asunto tan serio que se
resume en la seguridad del pueblo y de los camioneros”, manifestó Carlos Schettini,
portavoz de la entidad.
Schettini comunicó que la responsabilidad de licenciar a las personas que persiguen
una carrera en la industria del transporte recae sobre el Departamento de
Transportación y Obras Públicas (DTOP), agencia que, a su entender, no ofrece ningún
tipo de preparación significativa ni cuenta con los recursos suficientes.
Los gremios señalaron en la vista pública que anteriormente existía un aproximado de
cuatro examinadores por cada Centro de Servicios al Conductor (CESCO) alrededor de
la isla. Sin embargo, al presente se contabiliza solo un examinador en cada CESCO.
Mientras, el presidente cameral aseguró que la ley federal no tiene ninguna limitación
para que los examinadores sean certificados en Puerto Rico, por lo que el cuerpo
legislativo evaluará asignar fondos para que la entidad a cargo en Estados Unidos
pueda ejercer sus funciones en la isla.
“Al final, tenemos que establecer cómo vamos a garantizar que ese examinador, sea
privado, sea del ente, sea del Negociado, sea en otra agencia, esté en cumplimiento
con la ley. Lo único que tenemos aquí de controversia es garantizar que las personas
que van a evaluar a ese futuro chofer estén certificadas”, dijo Hernández Montañez.
