domingo, octubre 2, 2022
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Cámara aprueba proyecto que enmienda la Ley de la Junta Dental Examinadora

Con 46 votos a favor, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 1284, que propone establecer que el dueño o accionista mayoritario de toda clínica dental sea un dentista licenciado por el gobierno del Estado Asociado de Puerto Rico.

La medida de la autoría del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, la legisladora Sol Y. Higgins Cuadrado y el representante Héctor Ferrer Santiago persigue enmendar la Ley de la Junta Dental Examinadora (Ley 75-1925) “para que el Gobierno vele por la seguridad y la salud de los ciudadanos”.

“La salud oral es de vital importancia en la calidad de vida de los individuos. Es por eso por lo que mediante legislación se deben establecer unos parámetros adecuados para que se les garantice a los pacientes dentales un servicio de calidad y seguro para su salud”, expresó el líder cameral.

Una de las enmiendas incluidas, aprobada en sala, incluye que: “no aplicará a todas aquellas clínicas o prácticas en el ejercicio de la medicina dental que sean de instituciones del Gobierno de Puerto Rico o el Gobierno de los Estados Unidos de América en Puerto Rico. Tampoco aplicará a aquellas clínicas o prácticas en el ejercicio de la medicina dental que sean ofrecidos a través de organizaciones sin fines de lucro de forma gratuita”.

Por otra parte, la Cámara avaló una medida para crear la “Ley para Establecer el Protocolo para la Atención y Prevención de Situaciones de Violencia de Género en los Refugios”.

El Proyecto de la Cámara 814, de la autoría de las representantes Jocelyne Negrón Rodríguez y Wanda del Valle Correa dispone, además, determinar las guías que deberán regir el protocolo y fijar los parámetros para su cumplimiento.

“Este proyecto viene a atender una necesidad de establecer un protocolo para trabajar las subestaciones de violencia doméstica en los refugios. Hasta hoy no existe un mecanismo único e integral que le den sentido a los esfuerzos individuales. Esta medida es una de justicia social y de avanzada para el bienestar de nuestras mujeres y nuestros niños”, aseveró Del Valle Correa.

Asimismo, la representante Negrón Rodríguez sostuvo que “las experiencias con los desastres en Puerto Rico demuestran la necesidad de establecer el mandato de realizar un protocolo que atienda la violencia en los refugios donde se establezcan mecanismos adecuados de prevención, adiestramiento, divulgación e intervención efectiva en estos casos. Las poblaciones que llegan a los refugios son diversas por lo que se requiere una respuesta efectiva del Estado para trabajar con las situaciones que se pueden propiciar, en especial las relacionadas con la violencia de género”.

Según la exposición de motivos de la pieza legislativa, las estadísticas generales de delitos relacionados con violencia sexual y actos lascivos posterior al azote del Huracán María, reflejan un 3% de aumento en las incidencias. En cuanto a los perpetradores de los delitos sexuales según tipo de agresión, las estadísticas del Negociado de la Policía revelan que en promedio para los años naturales del 2018 al 2020, sobre el 40% de los perpetradores fueron conocidos, seguidos de un 16% cometidos por padrastro o madrastra, y un 15% por el padre o la madre de la víctima.

Por otra parte, se avaló la Resolución de la Cámara 813, con el fin de investigar sobre incumplimientos con proveedores de servicios de placas solares y el aumento de querellas por este servicio.

“Hemos observado un aumento en la solicitud de servicios para la instalación de paneles solares, como alternativa de energía renovable en los hogares y comercios puertorriqueños. Ante la necesidad que tienen los ciudadanos de esta alternativa energética para sus hogares, han proliferado las compañías que ofrecen distintas alternativas para energizar residencias y negocios, pero muchos incumplen sus contratos con los consumidores, lo que ha aumentado las querellas por incumplimiento. Por tal razón, es indispensable y apremiante que la Cámara investigue”, dijo el autor de la medida, Ángel Matos García.

Según dispone la exposición de motivos, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ha reportado un aumento en querellas relacionadas a servicios con placas solares. En el mes de agosto de 2022, se radicaron en DACO sobre 50 querellas relacionadas al servicio solar, lo que representó casi el doble del promedio de 27 querellas. Desde agosto de 2021 hasta agosto de 2022, se han radicado 377 querellas en las que los consumidores reclaman remedios por algún tipo de incumplimiento con proveedores de servicios de placas solares.

De la misma manera, se avaló la Resolución de la Cámara 784, de la representante Mariana Nogales Molinelli y los legisladores José B. Márquez Reyes y Denis Márquez Lebrón que ordena a que se realice una investigación sobre la situación de los y las residentes del condominio Bayola Apartments en San Juan, conocer sus necesidades, determinar sus derechos como inquilinos e inquilinas, y sus alternativas para obtener vivienda asequible y segura.

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