El Supervisor del Puerto Rico Crimes Against Children Task Force (PRCACTF), Alek Pacheco. Foto suministrada.
La explotación infantil se define como el trabajo que realizan los niños en el marco de un sistema de producción. Sin embargo, en algunos casos se utiliza el término como sinónimo de trabajo infantil, pero no es lo mismo, ya que la explotación es la violación de algún derecho del niño.
“Actualmente, en Puerto Rico el Negociado de la Policía de Puerto Rico en cojunto con el Homeland Security Investigation (HSI, por sus siglas en inglés) investigan crimenes contra los niños y son los responsables de hacer cumplir los estatutos dentro del Código Penal de los Estados Unidos que tienen que ver directamente con la explotación infantil”, explicó Alek Pacheco Santiago, supervisor del área de trabajo de delitos contra menores en Puerto Rico.
Entre algunas de las modalidades, Pacheco Santiago mencionó que es considerado explotación infantil: “La posesión de material con contenido de abuso sexual infantil, la producción o el abuso sexualmente de un niño haciendo utilización del internet o algún elemento de conexión interestatal, que es lo que da jurisdicción a nivel federal”.
En días recientes el gobernador de Puerto Rico firmó el Proyecto de Administración 28 mediante el cual viabiliza la Ley para la prevención del maltrato, la preservación de la unidad familiar y la seguridad, bienestar y protección de los menores en Puerto Rico.
Mediante la presentación de esta nueva ley el gobierno busca cumplir con el propósito de Family First el cual les permite a los estados que utilicen los fondos federales disponibles del Seguro Social para apoyar a los menores de edad y a las familias, a través de una gama de servicios de prevención colocando como última opción la ubicación de los menores en hogares sustitutos.
“La creación de esta nueva ley provee para la prevención y el aspecto de brindar servicios cuando ocurre algún tipo de trauma. De esta forma, nos veremos beneficiados, ya que nuestros casos se enfocan en ayudar a niños y sus familias que pasaron por un evento traumático, por lo que van a requerir ayuda para restablecer el orden y la paz familiar”, reconoció Pacheco Santiago.
El supervisor de delitos contra menores en Puerto Rico detalló que su agencia recibe querellas de maltrato o explotación infantil a través de diversas fuentes como: Departamento de Educación, Departamento de la Familia, Departamento de Salud, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y Organizaciones sin Fines de Lucro, entre otros.
De acuerdo con Pacheco Santiago los casos que atienden con bastante frecuencia son los referidos por el trabajador social o el director escolar para notificar sobre una situación donde una foto indebida de una estudiante se divulgó a través de las redes sociales.
“Otra de las situaciones más comunes que vemos de explotación infantil son cuando una persona a través de las redes le solicita material sexualmente explícito a un niño o joven. Es aquí cuando nosotros comenzamos nuestras investigaciones en conjunto con un agente y un equipo multidisciplinario que se compone por un coordinador de víctimas y testigos, un entrevistador forense, un agente investigativo y un fiscal” manifestó.
Una vez se concluye con la investigación, Pacheco Santiago señaló que se les canalizan servicios como: tratamientos psicológicos, visitas de laboratorios u hospital, servicios médicos para víctimas y sus familias de acuerdo con la necesidad de cada caso, por lo que la Ley firmada por el Gobernador será esencial en este aspecto.
“En el 2022, a nivel nacional se sumaron un total de 1,170 víctimas identificadas y/o rescatadas; y se lograron un total de 2,147 arrestos por explotación infantil. En Puerto Rico, se han arrestado sobre 100 depredadores en los últimos 5 años; y se han ejecutado 8 arrestos en los últimos 3 meses del 2023”, dijo Pacheco.
Si usted tiene sospecha de alguna actividad potencial de explotación infantil, puede comunicarse a: 787-729-6969
