La Comisión de Impacto Comunitario de la Cámara de Representantes, presidida por Lydia Méndez Silva, continuó hoy las vistas públicas para atender una medida que busca elaborar política pública para la prevención y erradicación del sinhogarismo en Puerto Rico.
Se trata del Proyecto del Senado 778, que establecería el Plan de Abordaje al
Fenómeno del Sinhogarismo en Puerto Rico y crearía la Oficina de Apoyo a la
Población sin Hogar.
Asimismo, la medida propone adoptar la Carta de Derechos de la Población sin Hogar;
establecer el procedimiento para tramitar reclamaciones o querellas; y crear el cargo de
Oficial de Enlace Municipal de Ayuda a la Persona sin Hogar que existirá en cada
municipio.
El proyecto fue endosado, con enmiendas, por el Departamento de Salud y el
Negociado de la Policía. Sin embargo, la organización Coordinadora Moriviví, entidad
colaboradora del Programa de Cuidado Continuo del Sureste (CoC PR-503), rechazó la
aprobación de la medida al señalar que constituye una imposición a los organismos sin
fines de lucro que brindan servicios a la población sin hogar.
“Si bien concurrimos con la loable intención de erradicar de una vez y por todas el
fenómeno del sinhogarismo en Puerto Rico, la solución al problema del sinhogarismo
no es crear otra estructura gubernamental, sino fortalecer la planificación y política
pública dirigida a la población a la que servimos”, expresó la oficial principal de la
entidad, Teresa Carrero.
Por tal razón, Carrero manifestó en su ponencia que los esfuerzos del cuerpo
legislativo deben estar enfocados en el robustecimiento, apoyo y fiscalización a los
mecanismos ya existentes.
“Entendemos que sería desacertado y contraproducente crear un nuevo organismo
gubernamental y designarla como la receptora de los fondos federales o ‘grantee’,
proveedora de servicios, administradora y fiscalizadora de todos los programas paraservicios a personas sin hogar que reciben las agencias del Gobierno de Puerto Rico”,
abundó Carrero.
La psicóloga clínica aseguró que el proyecto crearía una multiplicidad de roles y
resultaría en un conflicto de interés para la Oficina de Apoyo a la Población sin Hogar.
Además, señaló su oposición a que se derogue la Ley 130-2007 que creó el Concilio
Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar, pues informó que esta entidad está
cumpliendo con sus deberes y funciones.
De acuerdo con Carrero, el Concilio ya cuenta con una Oficina de Enlace y
Coordinación de Programas de Servicios a la Población sin Hogar, responsable por los
asuntos operaciones y programáticos. También ha brindado múltiples talleres, realizado
reuniones, constituido mesas de trabajo con los miembros del Concilio y delineado lo
que será el Plan Estratégico.
Una posición semejante compartió la Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar,
cuya coordinara Carla Correa argumentó que la creación de una nueva oficina
resultaría en otra capa de burocracia por parte del gobierno para atender el asunto de
las personas sin hogar y entorpecería el trabajo que realizan las entidades sin fines de
lucro.
Por su parte, el Negociado de la Policía detalló que la agencia cuenta con el Programa
de Vuelta a la Vida e Interacciones con Personas sin Hogar, adscrito al Negociado de
Relaciones con la Comunidad y que establece los protocolos a seguir por los
uniformados para atender e interactuar con esta población, ya sea mediante
intervenciones, orientaciones y actividades de acercamiento.
Según la Policía, en lo que va del 2023 se han registrado 133 nuevos casos atendidos
por el Programa de Vuelta a la Vida a nivel isla. Este número representa el total de
personas con las que los miembros de la Policía han intervenido por primera ocasión.
De ese número, 118 son hombres y 15 son mujeres.
La representante Méndez Silva adelantó durante la audiencia pública que la comisión
continuará el proceso de vistas públicas con el fin de recibir el insumo de diversos
sectores y perfeccionar el lenguaje de la medida.
“Yo quisiera que no existiera ninguno o ninguna (persona sin hogar). Aquí las agencias
pertinentes basado en el seguimiento a (los servicios de) esta población no son tan
efectivas o proactivas. ¿Quién tiene aquí la responsabilidad?’, cuestionó la legisladora.
“Si hoy todavía estamos discutiendo esta problemática, alguien ha fallado”, puntualizó.
