El Comité Timón de Alguacilas y Alguaciles de la Rama Judicial de Puerto Rico reclamó públicamente al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que convierta en Ley una medida ya aprobada por la Legislatura, el Proyecto de la Cámara 504, de la autoría del representante Orlando Aponte Rosario, que beneficiaría a los alguaciles en relación a su retiro.
El alguacil Celso Alfredo Fuentes Díaz, portavoz de la entidad profesional, señaló que “esta medida enmienda la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, que creó el ‘Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’, a los fines de incluir en la definición de ‘Servidores Públicos de Alto Riesgo’, a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico, para disponer que los funcionarios antes mencionados puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años y treinta (30) años de servicio. El retiro será obligatorio a partir de la fecha en que el participante alcance, tanto los treinta (30) años de servicio y los cincuenta y ocho (58) años”. La entidad cuenta con el coronel Arnaldo Claudio, exmonitor de la Policía, como asesor legal.
Fuentes Díaz añade que el pasado 4 de febrero de 2021, el representante Aponte Rosario radicó en la medida, a manera de excepción, que la autoridad nominadora correspondiente podrá conceder una dispensa y autorizarle a prestar servicio a los alguaciles hasta que cumplan los sesenta y dos (62) años mediante la otorgación de dispensas, siempre y cuando no comprometan la salud y seguridad de los denominados ‘Servicios Públicos de Alto Riesgo’, ni de la ciudadanía en general. El 5 de octubre de 2021 el mismo fue aprobado por la Cámara de Representantes unánimemente.
En el Senado aprobó la medida el 22 de febrero de 2022 también unánimemente, pero lo refiere a la Cámara con dos (2) enmiendas. La Cámara concurrió el 21 de marzo de 2022 y la aprueba nuevamente de forma unánime. Ya con la firma de los Presidentes de ambos Cuerpos Legislativos, el P de la C 504 va hacia La Fortaleza para la firma del Gobernador y para que la medida sea convertida en Ley. El martes 5 de abril de 2022, la Junta de Supervisión Fiscal determinó que no se opone al propósito del proyecto, pero solicita que el mismo no sea sea firmado por el Gobernador hasta que previamente se identifiquen los fondos para costear el mismo.
“Ante este escenario, el Comité Timón continúa trabajando activamente junto al exmonitor de la policía, Coronel Arnaldo Claudio y el 6 de abril de 2022 sostuvimos una reunión con el equipo de trabajo de la comisionada residente en Washington Jenniffer González Colón la cual entendemos redundará en buenos resultados. Según un estudio actuarial que solicitó la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cámara de Representantes a la Administración de los Sistemas de Retiro se informa que el impacto presupuestario del P de la C 504 se estimó en $17.5 millones. Esto a nuestro entender, sería si la totalidad de los Alguacilas y Alguaciles de la Rama Judicial (un total de 740 aproximadamente) decidieran acogerse al mismo, pero ciertamente en los primeros 5 años de la implementación del proyecto solamente se estarían acogiendo a las disposiciones de éste entre 55 a 70 Alguaciles y Alguacilas para un gasto total aproximado de $840,000.00 anualmente”, añadió Fuentes Díaz.
El portavoz de las Alguacilas y Alguaciles señaló que una vez transcurridos esos primeros 5 años, la cantidad a retirarse iría decreciendo paulatinamente hasta tener un promedio de entre 20 a 35 “con un ahorro sustancial para el Gobierno en relación con los salarios y beneficios dejados de recibir por los que se acojan a dicho beneficio establecido en el proyecto. Como bien se expresa en el informe aprobado por la Comisión de Gobierno del Senado, entiende necesario que se debe enmendar la medida, como bien así se hizo el pasado 22 de febrero del año en curso, para disponer que el mismo entre en vigor en el próximo año fiscal 2022-2023”.
“Nosotros, los Alguaciles y Alguacilas del Poder Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicitamos a las agencias antes descritas que procedan y actúen proactivamente en la identificación de esos fondos ($840,000.00 anualmente) y que se le haga justicia a estos servidores públicos que permanecen invisibles ante los ojos de nuestro patrono y del Gobierno. Si fue posible identificar $850 millones para la policía, ese esfuerzo para poder identificar una partida tan pequeña no debería ser un ejercicio tan difícil”, finalizó el portavoz del Comité Timón Alguaciles y Alguacilas de la Rama Judicial.
Miembros: Coronel Arnaldo Claudio (Exmonitor de la Policía y asesor del Comité)Alguacil Amilcar Gerena Román (Región Judicial de Utuado)Alguacil Celso Alfredo Fuentes Díaz (Región Judicial de Aibonito)Alguacil Javier Martínez Hernández (Región Judicial de Bayamón)
