El alcalde novoprogresista de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, compareció ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes para expresarse sobre varias medidas de la legisladora Lizzie Burgos, del Proyecto Dignidad, relacionadas al manejo de la pandemia del Covid-19. El presidente de dicha Comisión, Orlando Aponte Rosario, recibió al alcalde y a la autora de las medidas en el Salón de Audiencias Uno (1) Severo Colberg Ramírez para recibir la ponencia.
Los proyectos en discusión son el P de la C 1092, 910, 1110 y 1097. “Estas son medidas que van dirigidas a atender violaciones a los derechos constitucionales, evitar discrimen y proveer legislación para atender situaciones que se han presentado a raíz de la pandemia del Covid-19”, señaló el alcalde pepiniano en una ponencia de once (11) páginas sometida a la Comisión de lo Jurídico.
Concretamente, el P de la C 1092 propone crear la ‘Ley de Inmunización Natural ante el Covid-19 en Puerto Rico, a los fines de prohibir que se le niegue la entrada a ciudadanos no vacunados (o no que se nieguen a entregar prueba de vacunación) a lugares públicos, incluyendo escuelas, universidades, entre otros. El P de la C 910 enmendaría la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, para prohibir el discrimen a personas no vacunadas contra el Covid-19 para acceder a lugares públicos, negocios, medios de transporte, facilidades médicas, entre otras, imponiéndose cinco mil dólares ($5,000) de multa a quienes violen dicha disposición.
Por otro lado, el P de C 1110, propone crear la ‘Ley para Garantizar Acceso a Servicios Gubernamentales ante el Covid-19’, para disponer que ninguna agencia del Poder Ejecutivo, tribunal o municipio podrá negar a persona alguna, por razón de negarse a presentar evidencia de vacunación, el acceso a facilidades y servicios, entre otros. La propuesta de Burgos propone dos mil dólares ($2,000) de multa a quienes violen dicha ley. Finalmente, el P de la C 1097 propone crear una nueva ley “para proteger el derecho parental ante la vacunación del Covid-19, y que no se obligue a un menor a aceptar que se le suministre una o varias dosis de la vacuna contra el Covid-19”. Dicha propuesta de Burgos señala una multa de quince mil dólares ($15,000) a quienes violen dicha ley, de ser aprobada por la Legislatura y firmada por el Gobernador.
Jiménez cuestionó particularmente las Órdenes Ejecutivas del gobernador Pedro Pierluisi y preguntó retóricamente, “¿hasta cuándo el Gobernador va a seguir declarando estado de emergencia de manera ilegal sin que la Asamblea Legislativa intervenga?, ¿cuál es el plan de salud pública para regresar a la normalidad?, ¿de qué manera van a reivindicar el daño psicológico y emocional a hermanos puertorriqueños por el solo hecho de reclamar sus derechos constitucionales?”
El alcalde de San Sebastián añadió que “lo que está sobre la mesa es si vamos a seguir permitiendo que el Estado se siga atribuyendo una vigilancia y control sin límites sobre la vida de cada ciudadano o empecemos a reconocer las libertades fundamentales de todos los ciudadanos, evitando el atropello de los derechos fundamentales bajo un aislamiento injustificado y sobre medidas que se dictan sin una base lógica”.
En la página ocho (8) de la ponencia del alcalde señala además que en la determinación judicial del caso Lozada Tirado versus Testigos de Jehová (117 DPR 893-3010), el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que tanto la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como la Constitución de Estados Unidos, “protegen el derecho de las personas a rechazar tratamiento médico sin sujeción a condición de salud alguna y aún cuando ello pudiera ocasionar su muerte”.
