sábado, diciembre 4, 2021
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¿Qué pasará con la UPR ante la Reforma?

Prof. Juan Carlos Martínez Cruzado

En el va y ven de ideologías, se puede apreciar la inestabilidad de la Universidad de Puerto Rico para permanecer firme en su cometido. No es un secreto que los estudiantes de los diferentes recintos continúan en protestas pidiendo explicaciones y soluciones tras la nueva Reforma Universitaria. Todo Puerto Rico se paraliza en espera de los cambios por venir y las consecuencias que dictaminan dichas decisiones.

El P del S 172 del Senado de Puerto Rico, determinó el pasado 4 de febrero de 2021 que y cito: “no cabe duda de que, bajo el modelo actual de gobernanza, los retos para cumplir su misión de proveer educación superior al País han sido aún más acentuados por los drásticos cambios políticos, sociales y económicos que ha sufrido el archipiélago durante los últimos años, sino décadas. Es por ello que, el país precisa de una transformación en el régimen legal de su Universidad que organice y defina el rol estratégico de la Universidad de Puerto Rico como pilar del desarrollo científico, técnico, cultural y económico del país. En aras de propiciar las condiciones para dicha transformación y cumplir con su misión como principal centro docente del país y servir a las generaciones venideras.”

La Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria entiende que es indispensable estos 8 puntos:

• Vigorizar al máximo la autonomía fiscal, administrativa y académica del sistema universitario y las unidades institucionales que la integran, y garantizar su despolitización.

• Potenciar al máximo el principio de mérito y rendición de cuentas, dentro del ejercicio de una autonomía responsable, fundado en una cultura de transparencia y de continua evaluación de sus principales administradores.

• Lograr una participación efectiva en la toma de decisiones de los distintos sectores universitarios.

• Descentralizar la institución, dentro del marco de la articulación sistémica de sus unidades, logrando con ellos la agilización de la toma de decisiones.

• Exigir, desde la Ley, el ejercicio efectivo de una función de planificación y agilizar los procesos y la toma de decisiones mediante la revisión de las funciones y las estructuras establecidas por ley.

• Posibilitar la renovación institucional y la despolitización mediante el establecimiento de términos fijos para los cargos de más alta gobernanza, no obstante, suficientemente largos como para asegurar la continuidad y la concreción de sus programas de trabajo.

• Garantizar un financiamiento público robusto que le permita cumplir con su misión.

• Fortalecer y enriquecer la capacidad de la Universidad para recibir aquellas acreditaciones y reconocimientos locales e internacionales que consignen la calidad de sus ejecutorias académicas y administrativas.

Y es que, según estos objetivos como requerimientos de ley, el propósito es que la institución no dependa de la discreción y buen juicio de quienes estén al mando en el momento, ni responda a situaciones de crisis.Para esto, hablamos con el profesor, Juan Carlos Martínez Cruzado, ex profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez por 31 años, quien ha visto los cambios que ha sufrido la UPR desde sus inicios y cuenta su postura al respecto:


“Fui Senador Académico y representante docente del recinto de Mayagüez en la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria en el 2018. Definitivamente que a pesar de todo lo que se realizó para crear ideas prácticas para el sistema, actualmente la UPR está en asedio. Hay mucha desinformación al respecto y hay que dejar en claro algo. Están comentando que las universidades en Estados Unidos reciben el 40% del fondo del estado mientras que en Puerto Rico el 80%, pero lo están mirando mal. Si miran el porcentaje de recaudos de cada estado es aproximadamente 9% y mediante la cual la universidad estaría recibiendo cerca de un billón de dólares. Los estados invierten un 9% en sus universidades y aquí se ha estado haciendo hasta que llegó la Junta de Control Fiscal lamentablemente,” destacó.

Martínez Cruzado de igual forma explicaba que de continuar con estas controversias la vida de la Universidad de Puerto Rico estaría por concluir pronto. “Si esto sigue, van a terminar cerrando recintos. Antes cuando asignaban el presupuesto a principios de año a los recintos de Ciencias Médicas, Rio Piedras y Mayagüez, sobrepasaban los $500 millones de dólares sin contar con dinero que se iba a otorgar durante el año. Ahora para la universidad completa que tiene 11 recintos más la administración central, solo hay $500 millones. Así que, ciertamente hay un problema muy serio de presupuesto y que no se justifica. La universidad juega un papel crítico en el desarrollo socio económico de cualquier país y en Puerto Rico no es la excepción. La isla necesita desarrollo y sin la universidad no se logra. Uno se pregunta ante esto: ¿qué clase de mentes están gobernando el país,” recalcaba.


Actualmente, la Universidad de Puerto Rico está cerrada ejerciendo la presión ante los planes del gobierno. La presidenta de la Junta de Gobierno de la UPR adelantó expresiones dirigidas a la posibilidad de regresar a votación el plan P de la S 172 donde trastocaría aspectos críticos de la estructura de la gobernanza. Por otro lado, el senador Vargas Vidot, responsabiliza a la Junta de Gobierno de la UPR por cualquier acto de confrontación o sucesos a raíz de lo que ocurra en las huelgas estudiantiles, reafirmando como cobardes y traidores por aceptar el nuevo plan de ajuste en comunicaciones privadas.

Ciertamente, la Universidad de Puerto Rico está en un hilo con desigualdad de pensamiento. ¿Se logrará llegar a acuerdos iguales? ¿Podrán ajustar los planes a la necesidad que expresa la comunidad universitaria y el gobierno? Está por verse.

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